Las incertidumbres políticas que marcan el fin de año argentino

“Acá nadie se toma vacaciones”, comentó por lo bajo un ministro nacional al cabo de una reunión con empresarios y sindicalistas en la Casa Rosada. La orden bajó directamente de Alberto Fernández y fue tomada con naturalidad por los funcionarios, porque integran un gobierno que recién se está instalando pero que, paradójicamente, se juega mucho en las definiciones de sus primeras semanas en el poder. El propio Presidente decidió que fuera de esa manera.

Por eso instruyó al ministro de Economía, Martín Guzmán, para que acelere las negociaciones con el Fondo Monetario, con una ansiedad que lo llevó a anunciar que “en los próximos días” arribaría al país una misión del organismo internacional. Aunque el joven funcionario prefiere por ahora las charlas telefónicas y por videoconferencia con Washington, antes que un encuentro cara a cara. Es que la aceptación de las medidas económicas por parte de los acreedores le juega a favor.

De hecho, la suba experimentada por los bonos soberanos y las acciones de empresas nacionales responde a la creencia de que el Gobierno inició un ajuste de las cuentas públicas –por medio mayor presión impositiva- destinado a mejorar las condiciones en las que se sentará a cerrar el acuerdo con el FMI. Ésta última resulta una condición “sine qua non” para que los acreedores privados, entre ellos los fondos de inversión, accedan a reprogramar los plazos de pago de la deuda.

El plan del Gobierno nacional marchaba sobre ruedas –con algunos contratiempos lógicos como las incipientes protestas del campo- hasta que apareció un motivo de preocupación inesperado para la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda: el tropiezo del gobernador Axel Kicillof para que se apruebe la Ley Impositiva bonaerense..

Desde el Palacio de Hacienda le bajaron el tono a la encrucijada: “Algún plan tendrá Axel. La Provincia podrá hacer su propio reperfilamiento y como es un Estado sub-soberano, no incide en la relación entre la Nación y los organismos multilaterales”, afirmaron cerca de Guzmán. Pero lo cierto es que si Kicillof no logra poner en marcha el sistema de recaudación, carecerá de recursos para hacer frente a los pagos. El 78 por ciento de los vencimientos los tendrá en el primer semestre.

ENTRE LA FOTO Y LA PELÍCULA

“No me parece que esta sea la película, sino la foto de un momento”, intentó llevar calma, por su parte, un intendente de Juntos por el Cambio que estuvo en la primera línea con los legisladores de su fuerza, ante la ausencia de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Por ende, se entendió que a Kicillof le hicieron pagar el discurso de “tierra arrasada” –y su comportamiento de opositor a ultranza al macrismo entre 2015 y 2019- antes que provocar un bloqueo de su administración.

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Pero Kicillof no fue el único gobernador que arrancó con el pie cambiado: en Mendoza, el radical Rodolfo Suárez debió derogar la recientemente sancionada Ley de Minería ante una reacción de la sociedad cuyana frente a la amenaza que la actividad supone para un recurso escaso y vital: el agua. La mega-minería no reconoce límites políticos: en la región cordillerana, tanto gobernadores peronistas como radicales y de partidos provinciales, hacen acuerdos con las corporaciones.

El Gobierno nacional acaba de fijar las retenciones mineras e hidrocarburíferas en un escaso 8 por ciento, lo que contrasta con el 30 por ciento aplicado a las exportaciones de soja. La Mesa de Enlace, que nuclea a las organizaciones del campo argentino, estuvo en la Casa Rosada con Alberto F. y a la salida del encuentro se percibió su descontento con el “impuestazo” al sector. Tanto, que no acudió luego a la convocatoria para firmar un “compromiso solidario” que encabezó el Presidente el viernes.

Por la Ley de Emergencia, el Poder Ejecutivo tiene la facultad para aumentar las retenciones otro 3 por ciento, tanto para la soja como el trigo y el maíz, que podrían pasar del 12 al 15 por ciento. Por este motivo se registró un primer “tractorazo” simultáneo en el interior bonaerense, Rosario y Córdoba, la zona núcleo de la agro-industria nacional. La Sociedad Rural y la CRA son las organizaciones más activas en el rechazo, pero el descontento llega también hasta la Federación Agraria y Coninagro.

“¿Empezamos de nuevo?”, se preguntó un dirigente del sector que estuvo en la Rosada. Y que recordó de ese modo el conflicto de la 125, que mantuvo en vilo al país durante meses en 2008. En aquel entonces la presidenta era Cristina Kirchner y Alberto F. su jefe de Gabinete. La “guerra gaucha” provocó el distanciamiento entre ambos y tardaron años en recomponer la relación.

LÓGICO GESTO DEL CONGRESO

La Vicepresidenta partió hacia Cuba y permanecerá junto a su hija Florencia hasta el 12 de enero. Antes de abordar el vuelo a La Habana, acordó con Sergio Massa el congelamiento de las dietas de los diputados y senadores por 180 días, el mismo período en que regirá la emergencia previsional. Era un gesto lógico que debía hacer el Congreso después de que el oficialismo no incluyera en el congelamiento a las jubilaciones de privilegio, lo cual representó un contrasentido político.

En el Poder Ejecutivo, en tanto, no definieron aún cómo implementarán el ajuste del “gasto político”. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estudia si instrumentarlo en formato de proyecto de ley –a ser tratado en las sesiones extraordinarias de enero- o si directamente saldrá una resolución con su firma y la del Presidente. Pero en el fondo, a Alberto F. no le gusta nada la idea de “correr detrás” de la agenda de la oposición. La indefinición tendría relación con eso.

Otros medidas preanunciadas por el Gobierno permanecen, también, en “stand by”. Una de ellas es el aumento por decreto para los trabajadores del sector privado, para el cual Alberto F. fue facultado por el Congreso. Los jerarcas sindicales que desfilaron el viernes por la Rosada para firmar el “pacto social” se fueron con gusto a poco, porque esperaban una señal presidencial. Aún tienen expectativa en que ese incremento –a cuenta de futuros aumentos- salga en enero.

Tanto sindicalistas como empresarios y organizaciones sociales coincidieron con el Gobierno en que lo prioritario es la reactivación de la economía. Para Alberto F., el puntapié inicial lo daría el acuerdo con el Fondo. La reprogramación de los vencimientos de la deuda debería contar con el aval del Gobierno de los Estados Unidos. Ya se sabe que el presidente Donald Trump fue clave para que Mauricio Macri recibiera el auxilio del FMI; y ahora también lo sería para “reperfilarlo”.

Pero hay dos escollos en la relación entre Buenos Aires y Washington: la actividad política de Evo Morales como refugiado político en la Argentina y el cambio de rumbo en materia de seguridad, que se aleja de la estrategia norteamericana para la región. No pasa inadvertido, en este contexto, que la Casa Blanca no haya puesto fecha aún para otorgar el plácet de rigor al designado embajador Jorge Arguello. Este tipo de señales, en el terreno diplomático, no suelen ser fruto de la casualidad.