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No puede sino causar una profunda preocupación la decisión de los médicos platenses de atender desde ayer como pacientes particulares a los 300 mil afiliados que tiene que tiene el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) en la Ciudad, en una medida adoptada luego de denunciar atrasos de la obra social en los pagos de los honorarios. Desde luego que esta crítica situación acentúa la necesidad de que las partes en pugna busquen en forma perentoria soluciones al conflicto, que no poidría en modo alguno prolongarse indefinidamente.
Cabe señalar que a poco de conocerse la medida adoptada por la Agremiación Médica Platense, desde IOMA no se adelantó aún ninguna conclusión acerca de sus alcances, ni tampoco sobre el tema de los pagos que se reclaman desde la entidad profesional, esperando definiciones sobre un asunto de tanta repercusión.
A su vez, desde la Agremiación se detalló –tal como quedó reflejado en la edición de ayer de este diario- que los valores estimativos que podrían cobrarse a los pacientes podrían ser los siguientes: los médicos que atienden por bono categoría A (que hasta anteayer era gratuito para el afiliado) cobrarán cerca de los 300 pesos: los que tienen categoría B, rondará en la suma de 450 a 500 pesos; y los que tienen categoría C (especialistas en su mayoría), cobrarán 600 pesos o más. Estas cifras se aproximan a lo que reciben actualmente los profesionales entre el pago que hace IOMA y el copago que afrontan los afiliados en cada consulta.
De todas maneras, se descuenta que en estas horas los médicos continuarán analizando distintas alternativas, presumiéndose que desde el ente oficial se buscarán asimismo fórmulas superadoras, aún cuando tampoco se descartaba que la situación litigiosa pudiera agudizarse con la presentación de denuncias por supuestos incumplimientos.
El problema se torna especialmente complejo si se repara que las actuales autoridades de IOMA estarán en funciones hasta el próximo lunes 9 de diciembre. Luego del 10 tendrán que asignarse los cargos de la nueva conducción.
Se informó también que, con la medida que se aplica desde ayer, los médicos agremiados percibirán sus honorarios directamente de sus afiliados del IOMA, a quienes les entregarán la documentación pertinente para que requieran el reintegro de lo abonado a ese Instituto, según explicaron en la Agremiación.
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Estas situaciones no son nuevas en las obras sociales. Hace pocos años causó una gran inquietud el alerta formulado por los farmacéuticos bonaerenses, en el sentido de que peligraba la provisión de insulina a los afiliados del PAMI, a raíz de de un atraso en los pagos que, según aseguraron, mantenía la obra social de los jubilados. Ello, entre otras de las múltiples contingencias similares que se plantearon en otras ocasiones, en los que los atrasos en los pagos de alguna obra social se traducían en graves y potenciales riesgos para la salud de los pacientes, convertidos como siempre, en estos casos, en los convidados de piedra de la historia.
A todo trance, debe recordarse que el IOMA –un ente previsional cuya presencia resultó trascendente en la Provincia- existe por sus afiliados, que son quienes lo sostienen con sus aportes mensuales. Se ha dicho en forma insistente aquí que el acceso a la salud es un bien y un derecho inalienables, cuya atención integral debería verse garantizada inexcusablemente.
En este caso, lo que podría verse en juego es el derecho de personas a contar en forma rápida con los medicamentos y con prestaciones médicas que su mejor estado de salud requiere. Estos y otros antecedentes obligan a extremar esfuerzos en la búsqueda de soluciones al conflicto planteado.
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