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ADVIERTE QUE PODRÍA DEMORAR DOS AÑOS LLEGAR AL PROCESO ORAL

El fiscal de la causa Scioli pidió a la jueza apurar el trámite para el juicio

El fiscal penal platense Alvaro Garganta pidió a la jueza de Garantías Marcela Garmendia que apure los trámites para la elevación del juicio oral contra el ex gobernador Daniel Scioli y otros 45 imputados por negociaciones incompatibles con la función pública y la adjudicación irregular de obra pública, entre otros supuestos delitos cometidos durante su gestión.

Garganta, titular de la UFI 11 que realizó la instrucción de la causa, presentó un planteo ante el Juzgado de Garantías 5 de Garmendia, en el que pidió que se cambie la metodología del requerimiento de elevación a juicio oral.

Concretamente, en el escrito al que accedió EL DÍA, el fiscal pide que los traslados previos a la instancia oral a cada uno de los 46 procesados se hagan “en forma simultánea y no individual y sucesiva”, como viene haciendo hasta ahora Garmendia.

“Si tenemos en cuenta que el requerimiento de elevación a juicio contiene un total de 46 imputados (algunos de ellos con más de un hecho endilgado) y que cada uno de ellos posee un total de 15 días para ejercer su derecho de defensa, implicaría que los traslados terminarían de cumplirse por lo menos dentro de 675 días”, dice el escrito de Garganta.

Si se cuenta además el tiempo que demandaría el lapso entre cada traslado y los posibles retrasos y pedidos de prórroga, los trámites previos al inicio del juicio oral, dice Garganta, podrían demorarse unos dos años.

Esa dilación, dice el fiscal, podría solucionarse si el Juzgado de Garmendia realiza todos los traslados en forma simultánea, un proceder, que, aclara el fiscal, “no infringe disposición procesal alguna ni lesiona ninguna de las aristas del amplio derecho de defensa”.

Garganta cerró la instrucción y pidió la elevación a juicio oral de la causa en septiembre del año pasado. El expediente investiga el presunto lavado de activos, desvío de fondos, adjudicación irregular de obras y negociaciones incompatibles con la función pública durante la gestión de Daniel Scioli en distintos organismos de la Provincia, con figuras que contemplan penas de cárcel para el ex gobernador, el ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, el ex ministro Alejandro Collia, el ex titular de IOMA Antonio La Scaleia y el ex presidente de ABSA Guillermo Scarcella, entre otros muchos funcionarios de segundas líneas.

La causa central se desdobla en varias investigaciones puntuales, que van desde la supuesta adjudicación irregular y cartelización de la obra pública como irregularidades en distintos organismos.

 

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