Para los damnificados nucleados en “Propietarios Usurpados de Argentina” (PUA), hay dos medidas a tomar que solucionarían parte de la problemática.

Uno tiene que ver con el desalojo inmediato, posterior a la presentación de la escritura (constatada por escribano) ante el juez.

Por otro lado, el aporte de defensor “gratuito” para “quienes somos víctimas de la usurpación, porque el juicio es lento y caro”, sostuvieron.

En ese marco, una comitiva de la PUA se reunió en la semana con el vicegobernador Daniel Salvador, para tratar la cuestión en detalle. “En la reunión hablamos el tema en rasgos generales y concluimos que el poder judicial apoya más al victimario que a la víctima”, señalaron desde la asociación.

Asimismo, explicaron que “tenemos a un delincuente que es ‘premiado’ por delinquir y eso lo estimula a seguir haciéndolo. No hay prácticamente casos en que la usurpación sea penada por la Ley”.

En esa línea, manifestaron que “desde la Gobernación nos van a vincular en forma directa con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio Público Fiscal -con quienes están preparando el nuevo Código Penal y Civil, y están contemplando que las víctimas sean amparadas- y también con la Procuración General”.