La tragedia de Monte generó un inmenso dolor en la comunidad, quizás imposible de acallar para las familias y amigos de los cuatro jóvenes muertos. En el mundo policial y judicial a pocos sorprendió, tanto la actuación de los policías en el episodio de la madrugada del lunes, como las sospechas que empiezan a tejerse con respecto a una tragedia inscripta en una trama de corrupción extendida combinada por falta de preparación.

El delito vinculado con la labor policial aparece en esos análisis como un denominador común para buena parte del territorio bajo control de esa fuerza, con estructuras y jefes que hasta tendrían la capacidad de regular el impacto de sus “negocios” y los daños colaterales.

El caso de Monte se inscribe, según las fuentes consultadas, en un proceso de enfriamiento de relaciones entre la cúpula policial y las autoridades de Gobierno.

Según esas perspectivas, ese frío entre los escritorios podría tornar más caliente las calles.

En el Gobierno reconocen que hay quejas entre los policías. “Sabemos que hay un reclamo salarial. Lo plantean los policías y hasta se lo escuchamos a sus esposas, en cada encuentro. Con eso no hay mucho que hacer en este contexto”. Las reflexión, de un funcionario del Ministerio de Seguridad define un ambiente que tendría, según las fuentes, el desmanejo de conductas entre los subordinados como uno de los productos visibles.

Como ejemplo de eso aparece Monte y su dolor. Los policías investigados por las muertes de los cuatro jóvenes también están sospechados de participar en actividades ilícitas vinculadas con la coima y el mundo de las drogas.

Las denuncias expuestas por familiares y allegados a las víctimas llegaron hasta las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad, que se comprometieron a investigarlas y sumar sus resultados a la causa judicial.

Junto con las versiones sobre bolsones de delito policial, están las denuncias por falta de preparación. “La violencia y la des profesionalización policial provocaron otra masacre. No es un hecho aislado de la promoción estatal de la violencia policial”, expresó la Comisión Provincial por la Memoria.