Dictaron prisión preventiva para los tres detenidos por la maniobra con autos oficiales

La jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia le dictó ayer la prisión preventiva a tres detenidos y procesados bajo sospecha de haber cometido una estafa millonaria, con una serie de malversaciones de fondos destinados a combustible y otros gastos para automotores de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

Así lo revelaron ayer a este diario voceros judiciales, quienes precisaron que, de quedar firme esta resolución, los imputados Gustavo Chiramberro, Diego Burgos y Walter Cejas, seguirán en prisión al menos hasta que el caso sea ventilado en audiencia oral pública.

Los dos primeros son funcionarios de Educación, mientras que el tercero es el “playero” de la estación de servicio situada en 44 y 31, sorprendido en un operativo con 15 tarjetas de débito de la cartera educativa, que serían usadas para las maniobras delictivas en investigación.

De esta forma la magistrada hizo lugar a lo dictaminado por el fiscal que investiga el caso, Juan Cruz Condomí Alcorta.

En su pedido de preventiva, el fiscal explicó que “en la causa surgen elementos suficientes o indicios vehementes” para sospechar “que desde fecha indeterminada y al menos hasta el 24 de abril de 2019, al menos un hombre, coactuando al efecto con al menos otros cuatro, funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense, utilizaron en propio beneficio y en reiteradas oportunidades varias tarjetas de débito que le fueron otorgadas por el Banco Provincia al área de Administración antes nombrada, las cuales eran recargadas periódicamente con fondos del erario público destinados a un fin específico, haciendo falsas compras de combustible con las mismas, pero extrayendo dinero a cambio”.

También dictaminó que la maniobra se habría concretado “en propio beneficio” de los antes señalados, “perjudicando así en forma reiterada” las arcas de la Provincia.

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El doctor Condomí Alcorta señaló en su pedido que “la Dirección de Servicios Generales de la DGyE era la encargada de administrar las tarjetas en cuestión, siendo su director uno de los imputados y su subdirector el otro, mientras que los dos restantes resultan ser responsables uno como Jefe de Movilidad (Burgos) y el restante (Chiramberro), el responsable de la rendición de cuenta”.

Además afirmó en su dictamen que “los hechos investigados fueron practicados en reiteradas ocasiones, en forma organizada y planeada, con distribución de roles”, indicó.

En esta línea, detalló que “atento la cantidad de tarjetas utilizadas (unas 600), las mismas eran aportadas en conjunto por los miembros que las administraban en el organismo estatal y que eran responsables directos del control y rendición de cuentas de los montos no solo asignados a combustibles”, precisó. El fiscal encuadró el caso como “asociación ilícita y malversación de caudales públicos”.

En esta causa tienen orden de detención en suspenso -a resolver por la Cámara- los funcionarios de Educación Néstor Casado y Horacio Mankowski.