Otra estafa desde Educación, ahora con suplencias truchas

Después de los sueldos docentes truchos y las estafas con la carga de combustible en los coches oficiales, una nueva maniobra delictiva en la dirección General de Cultura y Educación develada a modo de zaga, confirma la sospecha de que la desprolijidad en el manejo de los fondos parecía haberse naturalizado en esa cartera clave del Estado bonaerense.

El último caso, igual que otros dos de similares características descubiertos en los últimos ocho meses, le costó más de 8 millones de pesos a las arcas de la Provincia, según fuentes oficiales. Por ahora la única detenida es una joven de 27 años que está acusada de cargar suplencias de cargos docentes en el sistema de liquidaciones de haberes, asignándoles (a los beneficiarios) categorías más altas a las tareas que realizaban.

Por esto le imputaron la presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, en una causa que se originó con la denuncia de la cartera educativa y se instruyó en la UFI 16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, el mismo que investigó las maniobras previas.

La nueva salió a la luz después de que en una auditoría de sueldos que hizo en marzo de 2018, la subdirección de Haberes y Retribuciones de ese organismo detectó en ese mes más de 60 casos irregulares en la carga de servicios de auxiliares de escuela, según surge del expediente.

“Era una empleada del Ministerio de Educación la que se encargaba de esa tarea”, que volcaba “en el sistema de liquidaciones de haberes de suplencias de cargos de auxiliares de establecimientos educativos”, explicó una fuente de la investigación, por lo que remitieron toda la documentación a la Dirección Provincial de Legal y Técnica de la Dirección de Escuelas, responsable de hacer la denuncia y transferir la información a la Justicia.

Se estima que la defraudación al Estado rondaría los ocho millones de pesos, en virtud de una maniobra que consistía, básicamente, en “cargar servicios de auxiliares con categorías altas de 9 a 15, cuando, tratándose de reemplazos, la máxima es la 5”, amplió el vocero.

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Se trataba, siguió, de “licencias de los titulares que se cargaron en el sistema con posterioridad a la prestación de servicios, denominadas altas cerradas” y se suben de manera retroactiva. En estos casos, se explicó, “eran para el segundo semestre de 2017” y se cargaron en marzo del año pasado para cobrar al mes siguiente, es decir, en abril.

MEDIDAS

Ante la sospecha de pagos indebidos las autoridades dieron de baja todas las cargas que presentaban irregularidades: “Es importante señalar que ninguno de los 49 casos logro cobrar”, aclararon desde el organismo.

Una investigación interna permitió identificar a la persona que había realizado todos esos movimientos, una empleada del Departamento de Contralor Administrativo que de enero a marzo de 2018 había cumplido el horario de 8 a 14, sin horas extras, según se desprende del parte diario firmado por ella.

Sin embargo, se descubrió que muchas de las cargas que figuraban con su código se realizaron después de las 19 (19:21, 19:47, 19:59, entre otras) “incluso en días inhábiles”, agregaron las fuentes consultadas por este diario.

Sin documentación respaldatoria, las cargas fueron para el distrito de Lomas de Zamora

Se verificó también que dichas cargas se hicieron “sin la documentación respaldatoria correspondiente” y que las altas otorgadas “correspondían a distritos que “la agente no estaba autorizada a cargar”, ya que en esos meses sólo tenía asignados Puan y Olavarría, mientras que las altas eran de Lomas de Zamora.

Así las cosas, se resolvió hacer nuevas auditorías tomando en cuenta meses anteriores al segundo semestre del año 2017, en los que se detectaron más irregularidades vinculadas con servicios de auxiliares, en las que aparecía la misma empleada.

De nuevo, esas cargas “no contaban con la documentación respaldatoria correspondiente y tenían las mismas características que las reveladas por la primera auditoría”, se explicó.

Por lo que figura en la causa, “las personas que prestaban sus nombres para ser cargadas en el sistema de forma irregular, cobraban mediante el sistema de ticketera abierta (paso previo a la bancarización)”. Es decir, iban al banco Provincia con su DNI y cobraban por ventanilla.

Después de analizar todos estos elementos, el fiscal Condomí Alcorta pidió varios allanamientos en domicilios de La Plata (algunos en Tolosa), y en el partido de Moreno, en la localidad de La Reja, se informó oficialmente.

Con el aval de la jueza Marcela Garmendia, en el marco de esos registros la policía detuvo a la joven imputada y secuestró teléfonos celulares, dispositivos informáticos y documentación vinculada con el cobro de haberes, constancias y registros de operaciones bancarias.

“Esta causa está relacionada con otra que se abrió años atrás en Moreno”, sumó una fuente judicial, detallando que aquella investigación era “más grande, por más hechos”, aunque eventualmente podrían vincularse de manera oficial.

ANTECEDENTES

En septiembre del año pasado la misma cartera denunció a un empleado del organismo, del área de Contralor Docente, por ingresar periódicamente con su clave del sistema informático servicios de al menos seis personas, quienes mensualmente percibían, tanto en forma retroactiva como continua, ingresos por servicios como preceptores que nunca prestaron. Según la investigación, esto habría ocurrido durante 2017 y 2018, constituyendo una defraudación contra las arcas públicas por casi 3.500.000 pesos. Los falsos empleados, algunos de los cuales eran familiares del empleado infiel, cobraban con la mera exhibición de su DNI en el banco, bajo la modalidad “ticketera”.

En esta causa, el fiscal Condomí Alcorta imputó a seis personas, una de las cuales fue detenida en marzo pasado en la provincia de Misiones, cuando intentaba cruzar a Paraguay.

La defensa de esta mujer de 50 años pidió luego su excarcelación, que fue otorgada por la justicia de Garantías, apelada por la fiscalía y confirmada por la Cámara, por lo que la imputada recuperó la libertad a pesar de que estuvo prófuga durante cuatro meses.

En abril, otro escándalo sacudió a Dirección General de Cultura y Educación, con una investigación que avanzó a partir de una captura fortuita en un operativo de control vehicular hasta la desarticulación de una maniobra que rondaría los 25 millones de pesos con un fraude sistemático en la carga de combustible de ese organismo.

Los instructores de la causa delinearon una red en la que la presunta banda integrada por funcionarios del área contaba con la asistencia de testaferros encargados de transformar el flujo de dinero en bienes o comercializarlos y un servicio de seguridad encargado de custodiar el movimiento de fondos.