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Lo informó el Procurador de la Suprema Corte bonaerense tras reunirse con el fiscal de la causa y familiares de las víctimas. Se espera un informe de peritajes a teléfonos y a armas de policías que no estuvieron en el operativo
JOSÉ GLORIOSO
SAN MIGUEL DEL MONTE
Los investigadores de la masacre del 20 de mayo en Monte están afirmados en la tesis de que hay policías responsables por las muertes de 4 chicos y las heridas que tienen convaleciente a la quinta pasajera del Fiat Spazio. También en que otros policías y un funcionario municipal trataron de ocultar ese delito. Sin embargo, todavía hay mucho por aclarar y evidencia por incorporar que incriminaría a más personas.
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El cuadro fue expuesto ayer por el Procurador General de la Suprema Corte Provincial, Julio Conte Grand, en Monte, con familiares de las víctimas del aquel operativo, situados a pocos metros: “El fiscal no ha descartado nuevas detenciones en los próximos días”, declaró en horas de la mañana tras sostener sendas reuniones en la sede de la Ayudantía Fiscal de Monte.
El jefe de los fiscales de la Provincia sigue de cerca lo que sucede con la causa. A primera hora dialogó con el fiscal, Lisandro Damonte. Luego brindó un informe a familiares de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14).
El funcionario no dio más detalles sobre esas medidas por venir con el argumento de que la cautela informativa ayuda al proceso judicial: “Estas personas que pueden ser incorporadas a la causa si tienen información que no deben tener pueden mejorar su situación”, ante una eventual acusación de la Justicia.
No obstante eso, Conte Grand apuntó que el equipo judicial tiene la “expectativa” puesta en lo que muestren los peritajes que se iniciaron en los teléfonos de las víctimas y los policías detenidos. A la vez, anunció que se solicitó a las empresas propietarias de las redes sociales la apertura de los perfiles. “Los contenidos pueden aportar luz a la investigación”, dijo el Procurador con respecto al uso de redes por parte de las víctimas y presuntos victimarios. También se avanzará en esos estudios sobre “los puntos de contacto con otros teléfonos móviles y fijos, en los días y horas anteriores y posteriores (al 20 de mayo)”. Eso daría pistas a lo que se denomina como la segunda línea de la investigación (en paralelo con la primera, sobre quiénes y cómo provocaron el hecho), referida a las “razones y móviles de los agentes y otros civiles a actuar como lo hicieron”, indicó Conte Grand.
En este sentido, los pesquisas sospechan que tanto los 4 policías acusados por homicidio como los otros 8 efectivos (a cargo de los papeles esa noche en la comisaría, más el comisario y el jefe policial de Monte) y el entonces sub secretario de Seguridad, Claudio Martínez, pudieron contactarse con otras personas también implicadas en la trama de esos delitos.
Los peritajes, según anunció Conte Grand se extenderán por el armamento policial: “se harán sobre armas de agentes policiales que no estuvieron en el hecho para poder saber si fueron o no usadas o fueron intercambiadas por parte de los policías”.
En adelante, se esperan por esos informes para la redacción de los pedidos de prisión preventiva que decida Damonte con respecto a los 13 detenidos. El fiscal tiene tiempo hasta fin de mes.
Susana Ríos, mamá de Gonzalo Domínguez, dijo en representación de los familiares que la reunión con el Procurador “fue importante y me deja tranquila porque se está trabajando. Estoy en paz y tranquila porque se trabaja y rápido. Lo que teníamos eran requerimientos. Los presentamos y después ellos trabajan”, indicó la mujer.
Dorina Bernardes, abogada de Ríos, analizó que “las pericias en los teléfonos son largas. Creemos que eso será fundamental para tener más detalles y sabemos que se están investigando mayores responsabilidades”.
Los familiares también apuntaron el “compromiso” del funcionario judicial con respecto a que “la causa llegue a condena lo más rápido posible”.
La investigación busca determinar si el móvil que desató la violencia policial puede estar vinculado con actividades ilícitas que, según denuncias reunidas tras la masacre, realizaban los policías. Puntualmente, se investiga si en la comisaría funcionaba una organización narco y si esa noche, en la primera patrulla sucedió algo que vieron los chicos mientras paseaban en el Fiat Spazio de Aníbal Suárez.
Esas denuncias y otra derivada del informe de un organismo oficial, ya dieron lugar a la apertura de cuatro causas. Por pedido del fiscal Damonte, esa línea quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal Especializada en Estupefacientes de La Plata, que comandan Marcos Vogliolo y Ximena Villalba.
“Sabemos que investiga la Ayudantía Fiscal -de La Plata- pero tenemos que tener reserva”, dijo Bernardes y añadió que en esas causas puede haber información valiosa para “entender la motivación que lleva a los policías a proceder con la brutalidad que lo hicieron”.
Esa brutalidad quedó reflejada en la evidencia sobre una persecución por decenas de cuadras entre la zona de la laguna de Monte y la colectora 9 de Julio, de la ruta 3. Todo terminó en una esquina, a dos cuadras de la terminal de colectivos y estación del ferrocarril. El auto chocó contra el acoplado de un camión y se desintegró. Solo se salvó una adolescente que sigue internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
En sus recuerdos puede haber más evidencias sobre el inicio de la persecución y los disparos de al menos dos policías al coche. “Sería una testigo clave, pero hablamos con la familia sobre la importancia de no re victimizarla y protegerla en este momento. Si ella en algún momento puede, será evaluada su declaración. Por el momento, no”, indicó Bernardes.
También estuvo en Monte la Comisión Provincial por la Memoria, que representa a dos familias. “Fue muy importante la presencia del Procurador”, dijo Cipriano García titular del organismo y añadió que “es muy importante seguir avanzando en la investigación, creemos que hay muchos más responsables. Queremos que no se detengan en la investigación de las responsabilidades políticas. Si hace falta, tienen que mirarse las responsabilidades de la intendenta municipal”, señaló.
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