El Gobierno creó hoy el Registro Público de Personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET) para reforzar el sistema de prevención y lucha contra ese flagelo, a 25 años del atentado a la AMIA que se cumplirá mañana, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
Si bien el decreto 489, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, los ministros de Justicia, Germán Garavano, de Seguridad, Patricia Bullrich, y el canciller Jorge Faurie, no menciona a la organización libanesa Hezbollah, indicada por la Justicia argentina de ser partícipe del ataque terrorista a la mutual judía que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos y 300 heridos, queda tácitamente involucrada al señalar el decreto presidencial que queda comprendida "toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual la Unidad de Información Financiera (UIF) haya ordenado el congelamiento administrativo de activos".
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El lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había adelantado que el presidente Macri firmaría el decreto que define al Hezbollah como una organización terrorista con el objetivo de "sanar una herida muy importante".
"Esta organización va a quedar como una organización condenada en la Argentina por sus acciones terroristas, condenada en un sentido simbólico, porque la condena solo la puede hacerla Justicia, pero no va a poder tener ningún tipo de activo porque va a ser congelado y, por supuesto, todos van a tener prohibida la entrada al país", explicó.
El RePET funcionará en la órbita del Ministerio de Justicia y tendrá como finalidad “brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento”.
El Registro será de “acceso público con los alcances que establezca el Ministerio de Justicia, resguardando la protección de datos a través de las medidas de seguridad pertinentes y determinando la forma de acceso a la información”, precisa el decreto.
El decreto recuerda que el Ministerio de Justicia y la UIF “advirtieron la posibilidad de mejorar el cumplimiento técnico de la recomendación del GAFI –Grupo de Acción Financiera Internacional, que combate la financiación del terrorismo- en materia de sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo en línea con las resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas”.
Además, señala que por “iniciativa propia del país se incorpora la posibilidad de registrar también todos los precedentes y actos procesales relevantes relacionados con la instrucción de procesos penales en los que se investigue la participación de personas humanas, jurídicas o entidades en actos de terrorismo o en su financiamiento”.
En esa dirección, “se establece claramente y de manera uniforme que toda inscripción en el RePET importará el congelamiento de los activos de la persona humana, jurídica o entidad”, como así también “la obligación de reportar operaciones sospechosas de financiación del terrorismo por parte de los sujetos obligados” por la normativa y “el impedimento de ingreso al país cuando se trate de personas extranjeras”.
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