La justicia ecuatoriana ordenó anoche prisión preventiva para el ex presidente Rafael Correa por su presunta implicación en un caso de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado.
La jueza nacional Daniella Camacho pidió esa medida cautelar ratificando así la solicitud que el miércoles hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y teniendo en cuenta, dijo, que la prisión será “legal, constitucional y convencional” y por tanto “no arbitraria”.
Salazar investiga una trama denominada “Sobornos 2012-2016” (antes “Arroz verde”), en la que están presuntamente implicados otros cuatro altos ex colaboradores del Ejecutivo de Correa (2007-2017), a los que también aplicó la misma medida cautelar.
La Fiscalía sospecha que la indagación arroja luz sobre cerca de una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el ex gobernante hasta 2017.
Correa reside en Bélgica desde que abandonó el poder y ya tiene una orden de captura.
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