Angustia entre los padres de un colegio sitiado por una ocupación ilegal

Crece la preocupación entre los padres de los alumnos del Colegio Agrotécnico Juan XXIII por los ataques al campo experimental de la institución, situado en el barrio El Retiro, y donde sus hijos realizan las prácticas de la carrera secundaria tres veces por semana. Por estos días el predio es escenario de una serie imparable de robos, destrozos de mobiliario e insumos e intentos de usurpación. “Sentimos que nuestros chicos están muy desprotegidos”, planteó una de las madres que se moviliza en busca de la actuación de las autoridades educativas y de Seguridad.

La crónica de los hechos que tienen como blanco el campo experimental de la calle 155 entre 46 y 47 y mantienen en vilo a la comunidad educativa entera se sintetiza así: en julio pasado hubo una matanza de animales que resultó espeluznante para quienes alcanzaron a advertir, muy temprano a la mañana, los restos de la masacre (incluidos alumnos muy jóvenes); a principios de agosto un grupo de personas amagó a intrusar el lugar, lo que movilizó a toda la institución; a fines de ese mismo mes, desconocidos ingresaron al establecimiento, introdujeron un auto quemado y sustrajeron una puerta de rejas que había sido colocada, justamente, como freno a la inseguridad, y distintas herramientas que los alumnos utilizan para las prácticas en la tierra; y el lunes último, como corolario de todas esas violentas acciones, manos anónimas hicieron arder bajo las llamas gran parte de las 7 hectáreas donde funciona el anexo del colegio agrotécnico con sede central en la calle 63 entre 5 y 6.

Movidos por la inquietud que les causa el hecho de que sus hijos asistan a un predio que es permanente objeto de ataques, un grupo de padres de estudiantes del Agrotécnico exige “medidas a tomar”, por un lado a la Inspección de la rama de Educación de la que depende el colegio (la DIEGEP, que conduce la enseñanza de gestión privada), y por otra parte a las autoridades policiales, pues, aseguran que en el lugar hay un casero a cargo de la seguridad y que esa sola guardia no es suficiente para proteger el predio del vandalismo.

El establecimiento en cuestión está enclavado en medio de una zona urbanizada. Lo delimitan las calles 155, 46, 49 y 158. De 49 hacia la calle 52, entre las transversales 155 y 158, desde hace algunos años avanza una ocupación ilegal de un terreno que alguna vez fue un depósito judicial de vehículos. Como el campo de la institución de enseñanza agrotécnica se encuentra justo en el medio de las parcelas usurpadas, la comunidad educativa del Juan XXIII presume que los ataques responden a la intención de querer extender hacia ese lote los asentamientos que lo rodean.

Un indicio de esa hipótesis lo tuvieron en el colegio el mes pasado, cuando la toma aledaña comenzó a extenderse sobre las tierras del colegio y la Policía realizó el desalojo, lo que generó protestas en la calle a la altura de 46 y 155, y 49 y 155. La noche de ese día de agosto en que se produjo la intrusión, alarmados por la situación y en guardia ante la posibilidad de que se repita el episodio, directivos del Juan XXIII pernoctaron, a modo de custodia, en el lugar.

A raíz de todos estos sucesos en serie, en el colegio no dan abasto para reconstruir alguna parte del edificio que dañan con un ataca, reparar instalaciones y reponer materiales de trabajo que son hurtados.

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Al Juan XXIII concurren 170 alumnos, que desarrollan la carrera de técnico agropecuario de 1º a 7º año. Realizan sus prácticas (siembra, cosecha, elaboración de mermeladas, producción de miel, crianza de ejemplares de granja y tareas de faenas en el caso de los estudiantes más avanzados) en el campo experimental. De ahí que es un lugar con diversas herramientas y distintos animales.

Es un establecimiento de gestión privada donde los sueldos docentes son aportados por el Estado provincial. Sin embargo, como una suerte de cooperativa, el staff de profesores dona el 5 por ciento de su salario para el mantenimiento de la institución: con ese pozo de dinero que se reúne al mes se afrontan los gastos de la luz, el gas, el teléfono y se pagan los insumos necesarios para su funcionamiento.

Desde la dirección de Cultura y Educación se remarcó que la Jefatura de Inspección viene realizando el acompañamiento correspondiente a la institución para poder solución a los ataques. “Se realizaron presentaciones en la secretaría de Justicia del Municipio”, precisaron voceros de la cartera educativa.