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Lo dispuso el juez Agustín Crispo. Los roles de policías, ladrones y barras, presuntamente liderados por Melazo
La llamada “megacausa”, que tiene a ex jueces, policías, barrabravas y convictos como acusados de integrar una presunta asociación ilícita dedicada a cometer todo tipo de delitos, fue elevada a juicio después de varios años de una investigación que sacudió los cimientos del poder judicial platense.
Así lo dispuso el juez de Garantías Agustín Crispo en su resolución de 111 fojas, en las que avaló la investigación de la fiscal Betina Lacki y rechazó la mayoría de los planteos formulados por las defensas.
Uno de los principales imputados es el ex juez César Melazo, sospechado de liderar la banda y con prisión preventiva. En idéntica situación están el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn (que prestaba servicios en el Comando de Patrullas); el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena (comisaría Segunda) y el teniente primero Marcos Chiusaroli (comisaría Segunda).
También se sentarán en el banquillo Javier Ronco (que estaba con domiciliaria por el doble crimen de una pareja en el camino negro); Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián “Quichua” Manes; Carlos Bertoni (hermano del ex futbolista, Daniel); Carlos “Macha” Barroso Luna; Jorge “El fiscal” Gómez de Saravia; Héctor “Pepe” Vega, el exbarrabrava de Gimnasia, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández; el lobbista judicial Enrique Edgardo “Quique” Petrullo y el ex jefe de la barra de Estudiantes, Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera. Claudia Edith Giunta fue desligada del proceso.
El juez de Casación bonaerense Martín Ordoqui, investigado en el marco de esta misma causa acusado de otorgar beneficios procesales a cambio de dinero, “no pudo ser procesado porque posee fueros”, pese a que fue suspendido y avanza el juicio político en su contra.
Según concluyó Lacki en su investigación, los procesados integrarían una asociación ilícita que cometía “robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas”.
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Además, precisó que “algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial”, mientras que el ex juez Melazo -se presume-brindaba protección a la banda.
A partir de ahora las partes podrán recurrir a la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
Melazo renunció a su cargo en junio de 2017, cuando estaba apartado de sus funciones de manera preventiva por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su juzgado.
El punto de partida de esta causa fue el asesinato de tiros de Juan Roberto Farías en el hall de un edificio de 44 entre 26 y 27, el 1 de diciembre de 2010. Lacki empezó a investigar el crimen en 2014, ya que al primer fiscal -Tomás Moran- lo desplazaron después de que uno de los acusados, Ronco, denunció que le había pedido 30 mil dólares a través de un abogado de La Plata para desligarlo de la causa.
Moran es uno de los funcionarios que terminó procesado en una de las 35 instrucciones que se desprendieron de la megacausa.
Según fundamentó la fiscal, los roles estaban claros en la banda: los policías liberaban las zonas para los golpes y reclutaban delincuentes para que los cometieran. Como productor de seguros, Bertoni marcaba casas para “escruchar” y falsificaba la documentación de los vehículos. Se cree que Ronco, Yalet, Manes, Barroso Luna, Vega y Fernández aportaban la mano de obra, logística y armas; que Mena y Manes presuntamente vendían drogas y a Gómez de Saravia le adjudican sembrar pistas falsas en algunas causas.
Herrera y Petrullo, por su lado, habrían actuado como nexo con el camarista Ordoqui, a quien acusan de otorgar beneficios procesales a cambio de fuertes sumas de dinero.
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