Convertidas en un negocio tan ilegal como millonario, las usurpaciones suelen dar lugar también a una larga pelea judicial que, en muchas ocasiones, desalienta a los dueños de las tierras. De acuerdo a las normas vigentes, se considera que una o más personas incurren en el delito contra la propiedad inmueble definido como “usurpación” cuando “por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojaren a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él; sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes”.
Sin embargo, a la hora de recuperar los terrenos los propietarios suelen verse enmarañados en interminables procesos judiciales, en especial en el fuero penal. En ese marco, el año pasado la resolución Nº 707/19 de la Suprema Corte de Justicia bonaerense estableció un protocolo de actuación para “la actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, que, aseguran los damnificados por usurpaciones, crea un laberinto de trámites y pasos legales que “llevan a pensar en que el litigio no se resolverá jamás”. El protocolo rige para los órganos jurisdiccionales del fuero penal que intervengan en “requerimientos de restitución preventiva de inmuebles”, públicos o privados.
SUSCRIBITE a esta promo especial