Finalmente, el intendente, Julio Garro, decidió anular la convocatoria a la elección de delegados municipales que había realizado el año pasado y que estaba prevista para el 23 de febrero. Con un nuevo decreto, el jefe comunal dispuso la medida por lo costoso de un comicio no vinculante, cuyos gastos debía afrontar el municipio y que ya contaba con una presentación judicial en contra.

El nuevo texto, que tiene fecha del 2 de enero y lleva la firma del intendente interino Darío Ganduglia debido a que Garro se encontraba en uso de su licencia estival, fue conocido este fin de semana y menciona la crisis económica como uno de los principales motivos para desestimar la convocatoria realizada en septiembre por el jefe comunal. Considera que la situación del país, la Provincia y el municipio obligan a “optimizar los recursos disponibles” en la administración local y “direccionarlos hacia necesidades más apremiantes”.

Consultado por EL DÍA, fuentes del Ejecutivo indicaron que el cálculo estimado para llevar a cabo la elección cuya fecha estaba fijada para el 23 de febrero era unos 80 millones de pesos. En los argumentos del nuevo decreto se indica que si bien “la consulta popular enriquecería la gestión municipal con nuevas formas de participación política, lo cierto es que en el contexto referido no resultaría oportuno efectuar un gasto de semejantes magnitudes para llevar a cabo un mecanismo de consulta de carácter no vinculante”.

Es que si bien el decreto anterior indica que los costos de la elección deben estar a cargo de entidades intermedias, el nuevo dictamen indica que “ninguna institución se ofreció a auspiciar el mecanismo eleccionario”.

La normativa deja de mencionar que existe en la justicia Contencioso Administrativa una presentación para dejar la convocatoria a la elección sin efecto, cuya situación se encuentra a la espera del final de la feria judicial de enero. En ese sentido, el texto advierte que “de llevarse a cabo la consulta popular y recibir, por otra parte, la pretensión judicial una acogida favorable, se incurriría en un “dispendio de recursos humanos y económicos sin la obtención de resultados útiles respecto de los fines propuestos”.

Por otra parte, el decreto exhorta a la Legislatura bonaerense a adecuar la Ler Orgánica de las Municipalidades a la Constitución provincial que en su artículo 211 “contempla la posibilidad de que los municipios accedan a mecanismos de democracia semidirecta” o bien adaptarla para permitir que los delegados puedan ser elegidos conjuntamente con los concejales en las elecciones de medio término”.

Como viene publicando este diario, el intendente, Julio Garro, había afirmado que el 10 de enero se definiría el cronograma electoral para la proceso que comenzaría hoy, poco más de un mes antes de que el comicio se lleve a cabo.

Luego de que se conociera la presentación judicial en contra de la convocatoria, había afirmado su voluntad de continuar adelante, salvo que la Justicia determinase lo contrario. No obstante, ya entonces había advertido que el planteo por la cuestión económica era motivo de estudio en la Comuna.

Garro había anunciado en septiembre del año pasado la firma de un decreto que convocaba para el 23 de febrero a la elección de los titulares de las 23 delegaciones comunales, basándose en la ordenanza Nº9.200, puesta en práctica una sola vez, en el 2000, durante la intendencia de Julio Alak.

Con este nuevo decreto, aquel queda sin efecto y los titulares de las 23 delegaciones continuarán, como hasta ahora, siendo designados por el Intendente.

El cálculo estimado para la elección de delegados era unos 80 millones de pesos