El vandalismo y el maltrato a las instalaciones escolares representan, además de un ataque a un patrimonio de todos, un costo millonario para las arcas públicas. A mediados del año pasado se calculaba que se debían destinar $1,2 millones mensuales en promedio para remediar los perjuicios causados por hurtos y “vandalismo corriente y sistemático”. Por entonces se calculaba que la cifra total equivalía a la construcción de tres nuevas aulas o la puesta en valor de unos diez establecimientos educativos. Eso el último año. Todavía no se conocen las cifras actuales, pero nada indica que la cifra destinada haya bajado. Entre los daños más frecuentes, se pueden mencionar la rotura o robo de luminarias, vidrios, aberturas y rejas; las pintadas tipo grafiti en los muros externos; y el hurto y/o rotura de utensilios de cocina, electrodomésticos, herramientas, elementos musicales, aparatos tecnológicos, medidores de gas, estufas, mochilas de inodoros, azulejos y griferías, entre otros.
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