Incertidumbres que perduran: la deuda, Brasil y el dólar

La actividad económica sigue en un rumbo incierto a la espera de definiciones de la administración de Alberto Fernández, que mantiene ausente aspectos claves de cualquier programa económico y con gran hermetismo. Quizás resultado de cierta improvisación o de un supuesto beneficio del factor sorpresa, o de razones desconocidas. Aunque, precisamente, una recuperación económica necesita de certezas más que de sorpresas.

La incertidumbre alrededor de la negociación de la deuda con ley extranjera en poder del sector privado y el Fondo Monetario Internacional, se destaca sobre el resto pero no es la única relevante.

Han pasado unos cinco meses desde las PASO, tres meses desde el triunfo electoral y un mes y medio de gobierno en el cual se implementó un duro ajuste impositivo, se amplió el cepo cambiario, se congelaron tarifas, se derogó la actualización de los haberes jubilatorios y un control light de precios y no mucho más.

Del impulso inversor a Vaca Muerta, la rápida resolución del tema de la deuda, el aliento a las exportaciones, la derogación de las jubilaciones de privilegio, el pago de Ganancias en la Justicia, o como se actualizarán las tarifas y los combustibles no hay muchas noticias.

Quizás el ciclo económico mundial de un respiro a la Argentina, igual que la recuperación económica de Brasil. El comercio con el mayor socio del Mercosur es una de las llaves de una eventual recuperación interna y mayores exportaciones. Las ventas argentinas a ese país rondan el 18 por ciento del total y las compras a casi el 30 por ciento.

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Pero la relación con Jair Bolsonaro es otra incógnita al igual al igual que el futuro de la alianza comercial. Se trata del principal socio comercial de la Argentina en la cual están en juego una parte de la estructura industrial del país. El Presidente de Brasil tendría decidido avanzar en pocos meses con la reducción del arancel externo común del Mercosur y la negociación con el Unión Europea, además de acercarse comercialmente a EE UU. Esto abriría el mercado regional a una mayor competencia.

La iniciativa, de todas maneras, no sería solo de Brasil sino que contaría con el respaldo de los dos gobiernos de Uruguay y Paraguay. El gobierno de Alberto F. es el único que opina a favor de medidas de protección de la industria, en lugar de hablar de aumentar la competitividad. Precisamente, esa alternativa obligaría a rever la presión impositiva sobre el sector exportador, la devolución de impuestos y otras facilidades, además de que exista un sendero claro con respecto al dólar oficial. En la estrategia gubernamental, la intención de mantener anclado el dólar para la exportación en 60 pesos, es una atracción irresistible en aras de lograr una baja de la inflación interna. Las expectativas de mercado son que podría haber una baja de los precios por debajo del 3 por ciento en enero y febrero, aunque depende también de lo que ocurra con la expansión monetaria, otra incógnita que la conducción Económica y del Banco Central no sacan a luz.

Una meta que parece razonable es evitar que ocurra un nuevo rezago del precio del dólar, y para eso el Banco Central debiera actualizar la cotización a un ritmo cercano a la inflación. Las exportaciones, caso contrario entrarían en una zona de riesgo y de quedar fuera de mercado. Habría además razones políticas, como el descontento del campo y una eventual huelga de la comercialización de granos. Pero existe otra razón quizás de mayor peso. Un dólar bajo se aplica a los derechos de exportación y eso afectaría los ingresos fiscales proyectados para el año.

Pero volviendo sobre Brasil y el Mercosur, uno de los sectores que quedaría en la mira es el automotriz. ¿Qué pasaría con esta industria en el país si la reducción arancelaria es importante? ¿Cerrarían algunas plantas y emigrarían a Brasil? A diferencia de la Argentina, la política brasileña estaría muy dirigida hacia una política de apertura comercial.

Con relación a la negociación de la deuda, los voceros del ministro Guzmán aclaran que no habrá ningún acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, nada que condicione a la Argentina con metas y reformas. Se buscaría un acuerdo corto, aunque no es claro a que se refiere esa alternativa, o si el organismo internacional prevé alguna opción light, que postergue los vencimientos sin ningún tipo de contraprestación.

La negociación con los acreedores privados no parecería tan complicada si, en el medio, interviene el Fondo Monetario. Pero eso ocurre en la medida que el organismo mundial audita o hace un seguimiento del programa económico del país, además de dar una opinión sobre la consistencia del plan y la viabilidad de los pagos que prometa la Argentina hacia delante a los acreedores.

Algo similar ocurre en la negociación que lleva el gobernador Axel Kicillof con los bonistas del vencimiento de la semana última. El gobernador reclama una postergación sin más, y los bonistas quieren ver el plan de la Provincia, los números que hagan viable esa propuesta. La negociación de la deuda no es solo un tema ideológico o político, es básicamente un tema de números. Y en esos términos seguramente se debatirá la negociación en los próximos meses.