No pueden transferir a los municipios la mayor carga para hacer las obras

Senador provincial Cambiemos

Desde 2017, en la Provincia se decidió asignarle mayores responsabilidades a los intendentes en la mejora de la infraestructura escolar, de esa manera, junto al Ministerio de Educación, iniciaban un camino de recuperación luego de décadas sin inversión. El instrumento elegido fue la ley que obliga a los Municipios a invertir el 50 por ciento los recursos del Fondo Educativo Nacional (Ley 26.075) en obras para las escuelas, dando respuestas efectivas en varios distritos como el de La Plata, donde la mitad de los establecimientos de gestión estatal tuvieron algún tipo de intervención.

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El esfuerzo es conjunto, las responsabilidades también. Juntos, Provincia y municipios deberían mostrar una mejora en la infraestructura básica en un tiempo prudencial.

Esa política intenta ser modificada por el gobernador, Áxel Kicillof transfiriendo a los municipios la mayor carga al proponer un Convenio Marco para el arreglo de 818 establecimientos (menos del 10 por ciento del total) , donde se estima una inversión de 800 millones de pesos (un tercio de los valores invertidos el año pasado en 2.500 colegios).

En dicho convenio, de redacción muy confusa y a las apuradas, se distinguen dos grandes inconsistencias. Por un lado, La Provincia le da “asistencia financiera” transfiriendo el 15 por ciento del presupuesto de la obra al adjudicarse la misma, luego se va pagando contra certificado de avance de obra realizado por la Subsecretaría de Infraestructura de Educación. Pero a continuación se agrega que la “asistencia“ puede no ser por el total y el complemento debe realizarlo el municipio con el Fondo Educativo. Y lo mismo dice para cuando hubiere atrasos en los pagos: “los municipios podrán cubrirlo –otra vez- con el Fondo Educativo”, con el riesgo de que el “podrán” se transforme en la práctica en el “deberán”.

En definitiva, en esta instancia se nota claramente la intención de avanzar sobre el Fondo Educativo, un instituto creado por una Ley Nacional donde la Provincia solo tiene que coparticiparla a los distritos y velar para que luego se gasten en lo que la ley ordena. Pero no puede legamente ser utilizado como garantía de pago de otras obligaciones que le son propias a la Provincia. La intención y decisión política siempre fue que a los fondos del Ministerio para las obras en las escuelas se le sumen los fondos del Fondo Educativo Nacional, pero no que uno reemplace al otro como se vislumbra en este convenio.

Por otro punto, se nota que hay una transferencia de responsabilidades a los municipios por la obra realizada. Es decir, que cualquier accidente, desperfecto o problemas durante la obra, o luego de finalizada la misma, estará a cargo de los gobiernos locales cuando en realidad las certificaciones de obra las realiza la Provincia.

Durante todo período de la obra se regula un proceso de control/ intervención por parte de la Subsecretaria de obras de Educación que hace inexplicable su falta de responsabilidad jurídica. Es de esperar una mejora en la redacción del convenio marco que permita a todos los municipios adherirse, debiendo las claúsulas del mismo respetar la responsabilidad de cada uno y reflejando el espíritu de tareas complementarias y no excluyentes entre sí.