“No podemos pedir más prórroga”, admitieron ayer, desde el Gobierno bonaerense, al referirse a la masiva usurpación que se desarrolla en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, a 40 Km de La Plata, y cuyo desalojo ya fue postergado en dos oportunidades por la Justicia.
Fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, Andrés Larroque, quien sostuvo que el Gobierno ya no tiene “más margen” para pedir una nueva prórroga del desalojo ordenado de la toma de un predio de 100 hectáreas, previsto para el próximo miércoles.
En declaraciones periodísticas Larroque dijo que el desalojo pacífico está siendo “resistido por organizaciones de izquierda”, a quienes acusó de tener una “actitud demencial”.
“Lo que están haciendo esas organizaciones es dilatar el proceso para estar encima de la nueva fecha de desalojo, a los efectos de dificultar el conflicto. Ponen trabas y amenazan a la gente”, advirtió Larroque, quien detalló que unas 500 familias ya firmaron el acto para retirarse voluntariamente del lugar.
Para el Ministro bonaerense, quién dijo que dialoga continuamente con los delegados de la toma y sus ocupantes para persuadirlos de abandonar el lugar en forma pacífica, estas organizaciones “priorizan el conflicto político, sin pensar en el beneficio de las familias y lo que buscan es esmerilar al Gobierno”.
El funcionario consideró que “lo que hacen estas organizaciones básicamente es tergiversar la situación, mentirle a las familias, amenazarlas con que van a perder sus beneficios y planes sociales si se retiran”.
Según los resultados del censo que se hizo en el predio, “la mayoría de la gente no está en situación de calle, sino que tiene hacinamiento en sus casas. Y en general son personas jóvenes con hijos, en situaciones de ni poder pagar alquiler”, describió el funcionario. Y agregó que “les ofrecemos asistencia en la urgencia, ampliación y refacción de sus viviendas”.
Y fue tajante respecto a la imposibilidad de seguir postergando la medida judicial: “Nosotros pedimos prórroga, que fue aprobada por el juez. Si hay sectores que se obstinan en profundizar el conflicto, no tenemos más nada que hacer. Abogamos que las familias desocupen voluntariamente. Nosotros garantizamos una Comisión de Seguimiento de todas las familias. Yo me comprometo a eso y estoy predispuesto a institucionalizarlo. Pero ya no puedo pedir más prórroga”, admitió.
Y agregó que “el predio tiene una orden de desalojo, pedimos dos prórrogas en función del plan de contingencia que presentamos el 15 de septiembre, hicimos un censo y hay 500 familias que se han acoplado a la idea de reubicación. La mayoría de las familias no duerme ahí. Están hacinadas en sus casas. Cuidan el terreno en función de una posibilidad de expandirse. Es una cultura de los crecimientos de los barrios, al no haber una presencia clara del Estado”, situación que, dijo, la actual gestión busca remediar.
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