Argentina, a un año del triunfo de Alberto Fernández

Columnista de EFE

Un año después de la victoria electoral de Alberto Fernández, Argentina sigue sumergida en la grave recesión que heredó del ex presidente Mauricio Macri y no logra aclarar un horizonte que se ha visto más oscurecido si cabe por los efectos de la pandemia del coronavirus, que además de miles de contagios y muertes ha elevado el desempleo y los ya altos niveles de pobreza.

El 27 de octubre de 2019 ocurrió lo que todo el mundo imaginaba, a juzgar por el holgado triunfo que había cosechado en las primarias de agosto: el candidato elegido por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmaba su victoria en primera vuelta con el 48,24 por ciento de votos, frente al 40,28 por ciento de Macri.

El recuerdo al expresidente Néstor Kirchner, de cuyo fallecimiento se cumplió una década, ha marcado el primer aniversario de aquella cita electoral, y el principal acto en su memoria estuvo encabezado por el actual mandatario, pero sin Cristina.

En infinidad de ocasiones en el último año, el ex jefe de gabinete, hoy Presidente, ha recordado la “hazaña” de ese primer Gobierno kirchnerista para dejar atrás la grave crisis que estalló en 2001, la peor que ha vivido el país en su historia reciente.

Con la maltrecha economía como principal baza de su campaña electoral, Fernández reiteró desde el principio su intención de poner a la “Argentina de pie”, con un profundo discurso a favor de los sectores populares y contra los especuladores que creía habían campado a sus anchas durante el anterior Ejecutivo.

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Pero los planes para conseguirlo no tardaron en chocar contra lo inesperado. Alberto y Cristina asumieron el poder el 10 de diciembre y, si bien les dio tiempo a aprobar una ley de emergencia con medidas e impuestos para enfrentar la crisis, apenas tres meses después el país quedaba paralizado por la irrupción de la COVID-19.

Una estricta cuarentena llevó al Estado a desembolsar millones de pesos para aliviar a los ciudadanos y empresas más castigadas, y la debacle de las cifras fue reveladora: el producto interior bruto cayó un 19,1 por ciento en el segundo trimestre, un desplome inédito que superó incluso el de la crisis del corralito de 2001.

Sin olvidar que la pobreza alcanzaba en junio al 40,9 por ciento de la población -5,4 puntos porcentuales sobre la del segundo semestre de 2019-, que el desempleo escaló al 13,1 por ciento en el segundo trimestre (2,7 puntos más) y los precios al consumidor acumularon en los primeros nueve meses del año un incremento del 22,3 por ciento.

A todo eso, se suma la crisis sanitaria: siete meses de drásticas restricciones no tuvieron los resultados esperados y el país se ubica en sexto lugar del mundo por número de contagiados (1.102.301 personas) y duodécimo por fallecidos (29.301).

Entre la larga lista de malas noticias, el nuevo Gobierno, no sin poco esfuerzo, consiguió apuntarse un tanto determinante para el devenir del país al cerrar un acuerdo para refinanciar su altísima deuda externa, que junto a la inflación es considerado uno de los problemas endémicos de Argentina y que encaminaba al país a caer en un nuevo millonario cese de pagos como el de 2001.

Tras varios meses de intensas negociaciones, el Ejecutivo llegó en agosto a un entendimiento con los principales grupos de acreedores privados para reestructurar bonos bajo legislación extranjera por 66.238 millones de dólares. Un mes después llegó el turno de los tenedores de bonos en ley local y se canjearon otros 41.715 millones de dólares.

Por delante queda ahora llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional.

También lograr aplacar los fuertes desequilibrios cambiarios, con un peso en continua devaluación ante el dólar y unas reservas internacionales en constante caída.

UNA COMPLICADA RELACIÓN

Con la crisis y la pandemia como telón de fondo, pero sin olvidar otros temas instalados por el Gobierno, como el polémico proyecto de reforma judicial o el amago de expropiar uno de los mayores grupos agroexportadores del país, la relación del oficialismo y la oposición ha pasado por más bajos que altos en los últimos meses.

La principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, actúa implacable contra el Ejecutivo, al que acusa de querer reformar la Justicia para lograr la “impunidad” de exfuncionarios kirchneristas acusados de corrupción, entre ellos la vicepresidenta; de adoptar una estrategia de confrontación y de hundir al país por su política de cuarentena.

A la par, y de forma progresiva conforme iba avanzando la pandemia, fueron creciendo en las calles las protestas contra las restricciones pero también en desacuerdo con el Gobierno en general.

Además, constantes son las especulaciones sobre si la verdadera mandataria es Cristina y no Alberto, así como por las supuestas diferencias entre ambos, que estuvieron años sin hablarse -el actual presidente fue uno de los mayores críticos del Gobierno de Fernández- hasta que en 2019 anunciaron su reconciliación y alianza. “En la Argentina el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él”, afirmó la vicepresidenta en una carta pública en la que, aunque defendió al jefe de Estado, hizo referencia a “funcionarios o funcionarias que no funcionan” y a la “agobiante” situación por “el freno a la economía y la incertidumbre generalizada”