Después de una larga negociación, en la que el oficialismo aceptó modificar la letra del texto original, la Cámara de Diputados de la Provincia votó ayer un proyecto que autoriza al gobierno a expropiar terrenos en municipios del Conurbano para construir allí cárceles y alcaidías que permitan descomprimir los penales del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La ley había sido enviada por el ministro de Justicia Julio Alak y es parte de las medidas para atender la urgente situación carcelaria de la Provincia, una de las primeras crisis que estalló a Axel Kicillof apenas desembarcó en la Gobernación a partir de las revueltas y la huelga de hambre que mantuvieron más de 10 mil presos en diciembre del año pasado para reclamar mejores condiciones de alojamiento.

El proyecto, que ahora fue girado al Senado, propone expropiar terrenos en distritos del Conurbano, donde se concentra el mayor problema de hacinamiento y Superpoblación carcelaria para levantar dos unidades penitenciarias con capacidad para mil reclusos y diez alcaidías, para 300 reclusos cada una, en Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre.

El proyecto estuvo rodeado de polémica, por las resistencias que empezó a generar en algunos distritos elegidos, ante el rechazo de vecinos a la posible construcción de una cárcel o alcaidía en la zona. El fin de semana pasado hubo, por ejemplo, protestas vecinales en Quilmes.

El proyecto finalmente fue aprobado con los votos de los legisladores de Juntos por el Cambio, que exigieron que se modifique la redacción original y se incluya un artículo que establece que la construcción y los lugares donde se emplazarán las cárceles deben ser consensuados con los intendentes.

“Esto es una cuestión de Estado, no lo puede hacer solo el Ejecutivo provincial, sino en acuerdo y con decisión de los municipios. Serán ellos quienes den el acuerdo para la construcción de cárceles”, dijo la diputada radical Sandra París en la sesión de ayer. La polémica ahora pasó al Senado.