Ayer por la tarde, la justicia ordenó la liberación de los 36 aprehendidos en el desalojo del predio de Guernica ocupado en julio pasado. Según detallaron fuentes oficiales, entre ellos había que eran de La Plata.
Según se conoció de fuentes de la investigación, dos de ellos serían militantes del Partido Obrero (La Plata) y el restante integrante del Nuevo Más en la UNLP.
La decisión de liberarlos se fundamentó en el artículo 161 que otorga a los fiscales que intervinieron en la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, Marcelo Romero y Lisandro Damonte, de "disponer la libertad de quien fuera aprehendido mientras que el juez no hubiere ordenado la detención, cuando estimare que de acuerdo a las circuntancias del caso no solicitará la prisión preventiva".
La Policía bonaerense desalojó ayer, en cumplimiento de una orden judicial, un predio en la localidad bonaerense de Guernica, partido de Presidente Perón, ocupado por familias que no habían aceptado el acuerdo para retirarse pacíficamente del lugar, en el marco de un operativo en el que fueron aprehendidas unas 36 personas.
El procedimiento, que comenzó cerca de las 6 y fue encabezado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se trasladó luego a los alrededores del lugar, donde se produjeron algunos enfrentamientos entre la Policía y manifestantes.
Condomí Alcorta en los próximos días comenzará por etapas a tomar declaración indagatoria a las 36 personas que fueron aprehendidas durante el desalojo y liberadas anoche por orden del mismo fiscal que entiende en la causa.
El fiscal tomó esa decisión en base al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal que lo habilita a "disponer la libertad de quien fuera aprehendido mientras que el juez no hubiere ordenado la detención, cuando estimare que de acuerdo a las circunstancias del caso no solicitará la prisión preventiva".
Las 36 personas fueron aprehendidas ayer luego de que la policía bonaerense desalojó, en cumplimiento de una orden judicial, el predio que mantenían ocupado las familias que no habían aceptado el acuerdo con el Gobierno provincial para retirarse pacíficamente del lugar.
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