La mayoría pide una aprobación sin cambios

Más de 100 organizaciones científicas, académicas, de la sociedad civil y referentes del ámbito de la salud de toda América Latina firmaron una declaración donde solicitan a las y los diputados de la Nación que aprueben el proyecto de etiquetado de alimentos sin demoras ni cambios.

“Solicitamos a las y los diputados de la Nación que aprueben el proyecto que obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Senadores, y que posee como finalidad la implementación de una política de etiquetado frontal de advertencia con octógonos y el perfil de nutrientes de la OPS, sin demora y sin cambios, basándose en la mejor evidencia científica disponible”, dice el escrito.

También solicitan a los parlamentarios “que prioricen el derecho a la salud, la alimentación adecuada y el derecho a la información de toda la población en general, y en especial de niños, niñas y adolescentes, a fin de prevenir las enfermedades no transmisibles, como son el cáncer y la diabetes, entre otras”.

Además reclaman “que se generen procesos de deliberación, diseño, sanción e implementación de políticas públicas libres de conflicto de interés de determinadas corporaciones e industrias alimenticias y de bebidas azucaradas”.

Entre los firmantes figuran la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimenticios (Saota), Consumidores Argentinos, Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR).

El proyecto, que ya cuenta con media sanción, fue aprobado casi por unanimidad el pasado 30 de octubre por la Cámara Alta y ahora debe ser tratado en Diputados. “La industria de alimentos y bebidas, así como sus grupos aliados, muestran un gran rechazo al proyecto y buscan obstaculizar el proceso a través de argumentos falsos y amenazas de posibles impactos negativos de esta medida”, puntualizó FIC en un comunicado.

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La organización denuncia que se “priorizan intereses particulares por sobre el objetivo central del proyecto que es garantizar el acceso a la información, de forma simple y rápida, sobre el contenido real de los productos de consumo”, sobre cuya efectividad hay “evidencia es contundente” avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y Organización Panamericana de la Salud (OPS)

“La voluntad política y la intención de proteger la salud por sobre cualquier otro interés o presión debe primar. Los gobiernos deben implementar medidas basadas en evidencia científica sólida y libre de conflicto de interés que protejan el derecho a la información, a la salud y a la alimentación adecuada”, concluyó Leila Guarnieri, investigadora de FIC Argentina.