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La norma está cerca de aprobarse y nutricionistas y hasta chefs destacan su importancia. Cuáles son los reparos de la industria
Con el etiquetado frontal se busca facilitar la información sobre las grasas, sal y azucar de los productos
Mientras la Cámara de Diputados ya debate el proyecto de ley que busca informar a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de una comunicación clara y veraz, especialistas en nutrición y hasta famosos cocineros mediáticos vienen expresando a través de las redes sociales la urgencia de implementar un sistema de etiquetado de octógonos negros en los alimentos que permita reconocer de forma clara y sencilla el contenido.
La iniciativa no sólo apunta a brindar información para que los consumidores puedan saber con facilidad qué comen, sino también regula la publicidad e incluye la educación nutricional y la promoción de alimentación saludable en las escuelas. El objetivo de fondo es contrarrestar la epidemia de sobrepeso y obesidad: el 66,1% de los argentinos tiene exceso de peso, según datos de la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), realizada en 2019.
Esta semana, luego de que la ley obtuviera media sanción del Senado, la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes manifestó su entusiasmo por la posibilidad de que se apruebe la ley pero planteó algunas mejoras que, según dicen, permitirían a los consumidores entender qué es lo que les dan de comer a sus hijos.
Bajo el nombre “Mitos y realidades del etiquetado frontal de advertencias en alimentos y bebidas”, la Coalición -que surgió como iniciativa de Unicef y la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina- publicó un documento en el que asegura que “contar con un etiquetado frontal que informe a los consumidores, de forma clara y sencilla, sobre el contenido real de los alimentos y bebidas es una deuda pendiente en Argentina”.
La Coalición recordó que “el etiquetado con octógonos negros es el más efectivo ya que garantiza el derecho del consumidor a la información” y “permite modificar las decisiones de compra independientemente del nivel socioeconómico y educativo”.
El documento incorpora “diez mitos utilizados por la industria de alimentos y bebidas para oponerse al avance de esta política de salud”. Entre esos mitos, se menciona que la industria esgrime que “existen trabas legales para avanzar con un sistema de etiquetado frontal de advertencia” ya que el país “debe promover un sistema que se encuentre armonizado con Mercosur y Codex”.
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Ante este argumento, las organizaciones responden que “por el contrario, los países son soberanos para poder avanzar en aquellas medidas que brinden protección a la salud de su población y que garanticen la seguridad alimentaria. Esto implica ir más allá de las disposiciones de Mercosur y Codex, especialmente en aquellos casos en los cuales las disposiciones no alcanzan el objetivo sanitario deseado”.
Otro “mito” esgrimido por la industria mencionado por la Coalición es que este sistema “estigmatiza o demoniza a los alimentos”. Para las organizaciones que apoyan la norma, en cambio, “la implementación de un sistema de etiquetado frontal garantiza el derecho a la información de los consumidores informando acerca del contenido excesivo de nutrientes críticos. Informa, no demoniza”.
El objetivo de la iniciativa es frenar la epidemia de sobrepeso y obesidad en el país
También se menciona como mito que “la política de etiquetado frontal no es suficiente para cambiar conductas alimentarias, hacen falta campañas de educación”, a lo que el documento responde que “no son medidas sustitutivas sino complementarias. El sistema de advertencias es, en sí mismo, una herramienta educativa”.
También refutaron que “presenta efectos económicos negativos con relación a costos de fabricación y empaquetado especialmente para las pequeñas y medianas industrias”, al asegurar que el costo “se realiza una única vez y que consiste en imprimir los sellos necesarios para cada producto”.
Otro argumento erróneo de las industrias, según la Coalición, es que “el consumo de ultraprocesados no es el principal problema en la dieta de la población argentina”, cuando “se ha demostrado que en la región de las Américas el consumo de alimentos ultraprocesados ha aumentado significativamente”.
En la Argentina, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019, el 13,6% de los niños y niñas menores de 5 años tiene exceso de peso y en la franja etaria de 5 a 17 años alcanza al 41,10%. Además, de acuerdo al relevamiento, “sólo 3 de cada 10 individuos mayores de 13 años leen la tabla de composición nutricional del envase de los productos “, en tanto que “la población con menor nivel educativo e ingresos más bajos lee aún menos las etiquetas”.
Claro que Unicef y la Fundación Interamericana del Corazón no son las únicas entidades que reclaman por la ley de etiquetado. La Defensora de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, de hecho, afirmó en los últimos días que “contar con información visible y entendible forma parte de la garantía del derecho a una alimentación nutricionalmente adecuada”.
La iniciativa sobre etiquetado, como se dijo, establece la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Sobre esto, Graham destacó que “el etiquetado frontal de alimentos que identifique la composición de los mismos y permita identificar rápidamente alimentos con perfil nutricional desfavorable, resulta hoy un paso importante e impostergable”.
En Argentina, como se dijo, el 41,1% de los chicos y adolescentes tiene sobrepeso y obesidad. Y casi la mitad de ese porcentaje -el 49,3%- tiene sobrepeso u obesidad al terminar el ciclo escolar primario independientemente del peso que tenían al haber ingresado a la escuela.
Por esa razón, la funcionaria sostuvo que “proteger y promover el consumo de alimentos saludables es una actividad transversal a distintas instituciones del Estado que deben involucrarse en el desafío. Hay que tener en cuenta que este problema golpea aún más en aquellas a familias de mayor vulnerabilidad, que acceden a productos ultra procesados, más baratos y de bajo valor nutricional”.
Por su parte, la asesora general tutelar, Yael Bendel, explicó que “el derecho a la alimentación adecuada está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y no sólo implica el acceso a alimentos en las cantidades necesarias sino también el acceso a alimentos de calidad nutricional”. Con respecto al sistema de información vigente en nuestro país, remarcó que no funciona porque “solo un tercio de la población las lee y de ese tercio solo la mitad las entiende”.
Para apoyar aún más estos argumentos, y con la participación de reconocidos nutricionistas argentinos y chefs como Germán Martitegui, en los últimos días se lanzó una fuerte campaña en redes sociales para pedirle a los legisladores que aprueben cuanto antes esta ley de etiquetado. La campaña “invita a compartir en redes sociales fotografías con los ojos tapados y el hashtag #LeydeEtiquetadoYa, de manera de advertir sobre esta realidad y el crecimiento de la epidemia de obesidad” y para reflejar “la falta de información a la que está expuesta la población”.
Para Unicef, que desde hace tiempo viene reclamando por esta norma, resulta fundamental que “el etiquetado establezca el exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio de acuerdo a los límites del perfil de nutrientes de la OPS, la mejor herramienta para clasificar alimentos y bebidas procesados y productos ultraprocesados con niveles elevados de estos nutrientes críticos”.
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