Apelaron la prescripción de la causa contra los abusos en el Instituto Próvolo La Plata

La Fiscalía del Tribunal de Casación Penal bonaerense apeló la prescripción dispuesta en la causa que investigaba a dos sacerdotes y un profesor de informática por abusos sexuales y corrupción de menores hipoacúsicos del Instituto Próvolo de La Plata, informó hoy una fuente judicial.

Se trata de los sacerdotes Nicola Corradi, detenido en Mendoza por delitos similares cometidos en el Próvolo de esa provincia; Eliseo Pirmati, quien fue localizado en un asilo en Italia y cuya extradición se había pedido y José Britez, profesor de informática del Instituto Próvolo, ubicado en las calles 25 y 47 de La Plata.

Tras el dictado de la prescripción, Britez fue sobreseído y excarcelado, medida que también fue apelada por la fiscal de juicio de la UFI 11, Rosalía Sánchez.

Según trascendió, la Fiscalía de Casación "apeló la resolución de la Sala Tercera de Casación e hizo reserva de recurrir el pronunciamiento dictado ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense".

Por su parte, la fiscal de juicio Rosalia Sánchez apeló el sobreseimiento dispuesto por Casación, por entender que no está firme el pronunciamiento y debido a la gravedad de los hechos que se imputan a Britez.

"No se puede dejar de recordar la extrema gravedad de los hechos imputados, teniendo especial consideración el lugar de comisión de los mismos, establecimiento religioso dedicado a la educación de niños con diversas discapacidades auditivas, en la que resultara víctima un menor de edad cuando contaba con solo 8 años, quien se encontraba separado de su familia de origen, en estado de máxima vulnerabilidad no solo por su discapacidad, por su edad, sino sino también por las circunstancias que rodearon los hechos", dijo Sánchez en la apelación.

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Según la investigación fiscal penal, los tres hombres abusaron de al menos 5 niños hipoacúsicos internados en ese establecimiento, a los que además golpeaban, imponían fuertes penitencias y sometían a servidumbre.

La prescripción fue resuelta el 6 de noviembre por la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, al afirmar que "en el presente caso no opera la exclusión de prescripción".

En el fallo al que accedió esta agencia, el Tribunal aludió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando asegura que en los delitos comunes, "como ocurre en el presente, la prescripción es una garantía que debe ser observada debidamente".

La Sala se expidió así ante un hábeas corpus presentado por la defensa de Britez.

En el fallo se recordó que los hechos que se investigaron ocurrieron entre 1982-1991, y que no es posible aplicar la ley 26.705 sobre la prescripción de los delitos de abuso sexual en el caso de menores de edad, que establece un plazo de 12 años a partir de la mayoría de edad de las víctimas.

Para la Sala "transcurrieron sobradamente los 12 años previstos" por la mencionada ley.

En su apelación, Sánchez argumentó que a un niño víctima de este tipo de delitos le lleva tiempo poder decirlo, asumir el trauma vivido, contarlo y pedir ayuda; y destacó la primacía de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos por sobre cualquier otra norma y el deber del Estado de investigar estos delitos.

La fiscalía especial de La Plata a cargo de Cecilia Corfield inició esta investigación a fines de 2016, luego de que se conociera que los sacerdotes Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, detenidos en Mendoza y acusados de abusar sexualmente de varios hipoacúsicos del Instituto Próvolo de esa provincia, también habían trabajado en el Próvolo de La Plata.

En abril del año pasado, la justicia de La Plata ordenó la detención de los sacerdotes y de Britez, pero en esa oportunidad sólo pudo ser detenido el empleado, ya que Pirmati está alojado en un asilo en Italia, por lo que se pidió su extradición; y Corradi estaba detenido en Mendoza.

Según la investigación de Corfield, en los hechos de abuso sexual ocurridos en el Próvolo de La Plata, hubo una "inusitada violencia desplegada para su comisión que nada la distingue de la aplicación de tormentos e imposición de torturas".

Nicola Corradi "fue la máxima autoridad del instituto desde 1970 a 1997", y su detención fue ordenada por los delitos de abuso sexual simple agravado por su condición de ministro del culto católico y encargado de la guarda por el grave daño en la salud de la víctima y reiterado cuando menos en 3 hechos; y abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado por lo menos 5 hechos en su calidad de partícipe necesario".

Según la investigación fiscal, los abusos constatados se cometían los días sábados, cuando "disminuía el número de alumnos internados y sólo quedaban los que no tenían familia".

Primati está imputado de abuso sexual simple agravado por su condición de culto religioso, en al menos 3 hechos, exhibiciones obscenas y promoción de facilitación de la corrupción de menores agravada.

Britez estaba imputado de los delitos de "abuso sexual simple agravado por su condición de guardador o educador, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravados -por lo menos cinco hechos- y corrupción de menores agravada por el medio comisivo y por la edad de la víctima.