Columnista de EFE

Uno de los comicios más reñidos de la historia de Uruguay, de los que se cumplió un año, erigió en presidente a Luis Lacalle Pou, quien iniciaría en marzo una gestión marcada por el COVID-19, una potencial crisis económica y una ley que despierta críticas y elogios.

Su formación, el Partido Nacional (PN, centroderecha), llegó al poder con el apoyo de la denominada “coalición multicolor”, formada por el Partido Colorado (PC, centroderecha), el Independiente (PI, centroizquierda), Cabildo Abierto (CA, derecha) y el Partido de la Gente (PG-derecha). Esta alianza terminó con 15 años de izquierda en el poder, los tres mandatos del Frente Amplio (FA).

Con la fuerte influencia del expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), se creó la coalición que, según enfatiza, “está funcionando” y dando buenos resultados. “El presidente se ha asumido como coordinador de la coalición y un líder del Gobierno y lo ha hecho muy bien. Valoriza mucho más la gestión el hecho de que él no tenía experiencia de Estado. Había sido solamente parlamentario y, a diez días de asumir el Gobierno, tuviera que cambiar todo el manual y todas las páginas de la hoja de ruta que traía”, resalta el veterano líder colorado.

Esa aparente calma registró dificultades, como la inesperada renuncia en julio del canciller Ernesto Talvi -ganador de las primarias “coloradas” y que luego dejó la política-, o el pedido de desafuero del senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, acusado de ocultar información sobre delitos de lesa humanidad.

Es necesario “desdramatizar” las discusiones internas o la falta de acuerdo de la coalición, opina el presidente del PN, Pablo Iturralde, porque cada formación tiene su visión de las cosas. Sin embargo, para el senador del FA José Carlos Mahía, “tiene problemas de estabilidad” porque muchos sectores están pensando en posicionarse para la campaña electoral de 2024.

Cuando un año atrás Lacalle Pou -uno de los presidentes más jóvenes de la historia uruguaya- celebraba en la sede del PN que sería el próximo mandatario, China empezaba a vivir casos de una “nueva gripe”. Nada hacía presagiar lo que llegaría después.

Apenas 12 días después de asumir, el coronavirus arribó a Uruguay y se decretó la emergencia sanitaria. Desde entonces, el país atraviesa momentos difíciles con aumento del desempleo, cientos de ollas populares para que la gente pueda comer y se prevé que la crisis económica pueda mostrar sus dientes, si bien la actividad no se paralizó como en otras naciones.

La forma en la que Uruguay enfrentó la pandemia sigue en boca de todos. La llamada “libertad responsable”, promovida por el Gobierno sin cuarentena obligatoria y baja cantidad de casos positivos diarios, situó al país en el escaparate mundial. A ello se suma que Lacalle Pou creó un Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) formado por las principales personalidades científicas del país para recomendar acciones al Gobierno y a la ciudadanía y seguir de cerca el avance de la pandemia.

En esta línea, Iturralde enfatiza que el partido se dio cuenta de que encontraron en Lacalle Pou alguien “que ha sabido lidiar muy bien con la pandemia” y por ello sienten que, más que un gobernante, cuentan con “un estadista”.

“Pusimos al mejor de los nuestros para ser candidato pero no nos imaginábamos la solidez con la que se iba a mover”, reflexionó.

Aunque Uruguay tiene una mejor situación sanitaria con respecto a la región, las últimas semanas fueron complicadas ya que se traspasó la frontera de los 100 casos diarios (algo que los integrantes del GACH marcaron como límite para no perder el hilo epidemiológico).

En la campaña electoral Lacalle Pou anunció la Ley de Urgente Consideración (LUC), un paquete de más de 400 artículos donde se incluyen temas económicos, sociales, seguridad y transporte, entre otros.

Su aprobación despertó la disconformidad del FA -aunque acompañó la votación de algunos artículos- y del PIT-CNT, la central sindical -que se opone a la totalidad-, y ambos trabajan por un plebiscito para derogar esta ley, aunque resta confirmarse si irán contra toda la normativa o solo algunos de sus artículos.

En estos días, además, el Senado concluye el estudio del presupuesto quinquenal, con el foco puesto en los reclamos por mayores recursos para la educación y la ciencia.

“(La coalición) aplica un modelo de reducción del Estado y recortes con áreas estratégicas de políticas públicas que no compartimos y tienen mucho más de ideológico que de pragmático”, considera Mahía.

Para el legislador del FA, el Gobierno va a aplicar grandes recortes, aunque Iturralde asegura que esto es un falso relato de la izquierda y que se trabaja en generar mayores ingresos a la ciencia.

Uruguay no está ajeno a la región, donde los casos de coronavirus no paran de aparecer, la inestabilidad social y económica es moneda corriente y el acuerdo Mercosur-UE está sin completar su ratificación.

En Uruguay se avecina una crisis económica debido al desempleo, la alta inflación y a que espera que el PIB nacional caiga en 2020, entre un 3 y un 3,5 %, con un repunte en 2021, según las previsiones del Ejecutivo.

Con un complicado panorama y un Gobierno que debió medir fuerzas desde el comienzo con una pandemia global, Lacalle Pou tiene un complejo camino para transitar, con un 2021 que será clave para su futuro.

“La forma en la que Uruguay enfrentó la pandemia sigue en boca de todos, con la llamada “libertad responsable”