Narcomenudeo, diagnóstico y la solución que no llega

A mediados de este año tan particular, la Red de jueces penales bonaerense propuso dejar de perseguir el “microtráfico” de drogas con un lapidario diagnóstico.

“Focalizar el problema del narcotráfico en la persecución de micro-vendedores callejeros representa una política criminal fracasada (carente de resultados positivos verificados), insostenible (por los cuantiosos e infructuosos costos que representa para una provincia en crisis económica) e ineficaz (pues nunca la persecución del último eslabón de las bandas narco-criminales puede desmantelar su organización), que debe ser reenviada a la competencia federal, única autorizada a realizar investigaciones inter-jurisdiccionales que permitan atacar a la cúspide de este tipo de organizaciones”. En el informe que salió a la luz en agosto pasado los magistrados cuestionaron los resultados y el diseño del sistema. “No se advierte la disminución del problema que han venido a resolver: se han gastado muchos recursos sin verificar el cumplimiento de objetivo alguno”, refirieron.

La justicia de la Provincia empezó a investigar el narcotráfico en 2005, a instancias de un debate que impulsó el ex gobernador Felipe Solá, con modificaciones a la legislación nacional. Así, se trasladó de la Justicia federal a la provincial la investigación por tenencia de drogas para consumo personal y su venta a menor escala. Al 31 de diciembre de 2019, 8113 de los 58.300 detenidos bonaerenses estaban procesados o condenados por delitos relacionados a la ley de estupefacientes (casi 14%). Más allá de las críticas, el narcomenudeo es caldo de cultivo de infinidad de otros delitos. Basta recorrer la historia reciente de Rosario para advertirlo.