El Gobierno, inquieto ante los riesgos de una “cuarta generación de excluidos”

El último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló cifras de pobreza lacerantes, al advertir que, por ejemplo, el flagelo alcanza al 44,2 por ciento de los argentinos y que, en el caso de la infancia, la padecen más de 6 de cada 10 niños y niñas.

La situación, huelga decirlo, es dramática. Pero, por si hiciera falta, ayer el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, admitió que “la situación social en la Argentina es crítica” y que, si ya “tenemos tres generaciones de excluidos, con un joven de 15 años que no vio a su padre trabajar. Ese joven ya es mamá o papá” y entonces “corremos el riesgo de tener una cuarta generación de excluidos”.

Asimismo, criticó que “la política ve poco a la pobreza y a los invisibles de la Argentina, aquellos que están en los merenderos. Está claro que hace falta mayor conexión entre política y el dolor”, pero negó que esa “desconexión” tenga que ver, por caso, con el millonario patrimonio de los funcionarios: “Tiene que ver con la tarea de la política. Solo puede o solo debería hacer política el que ve el dolor del otro. Cada dos por tres salgo de comedores y barrios contracturado, con dolor de cabeza, convivo con el dolor. Solo deben participar en política aquellos que vean el dolor del otro”, sentenció.

Pese a la compleja coyuntura nacional, el funcionario descartó la posibilidad de un “estallido social” en diciembre. Pues, según aseguró, “en la Argentina no hay condiciones para un conflicto social”, sobre todo, porque “no hay ánimo, hay mucha gente que está angustiada”.

Aunque “diciembre siempre es complejo, porque nos miramos en el espejo del año”, el titular de Desarrollo Social consideró que el mes “más duro” para las familias es marzo “porque ahí se conjugan los gastos del verano, la baja de changas y se agregan todos los costos de la vuelta a clases. Siempre estamos mirando diciembre, pero marzo es más difícil”.

Al hacer un balance del año que se termina, Arroyo se detuvo en el impacto que la pandemia causó en los sectores vulnerables, algo que se vio reflejado, por ejemplo, en el aumento de la asistencia alimentaria, que pasó de 8 millones a 11 millones de personas que se acercaron a los comedores. “Va a pasar mucho tiempo para que vuelvan a ser 8 millones. Está claro que la situación social es mucho más crítica y que el costo de los alimentos es un problema grave en la Argentina”, insistió el funcionario, que no obstante destacó que “desde hace 4 semanas ha bajado sostenidamente. Hay más changas en los sectores de la construcción y en el textil; hay más apertura, sobre todo en el conurbano bonaerense. Es una baja que no es significativa aún”. En ese sentido, expuso otras señales de alarma: “Tenemos un serio problema de calidad nutricional, hay mucho fideo y arroz y pocas verduras, frutas y carnes. Necesitamos que los chicos coman mejor, para que tengan mejores condiciones y un mejor desarrollo”.

El funcionario, que hizo estas declaraciones durante una entrevista con un matutino porteño, evaluó además el impacto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el Gobierno discontinuó: “El IFE marcó el verdadero nivel de informalidad que hay en la Argentina. Hay entre 15 y 16 millones de personas que se beneficiaron con él; 9 millones de familias”, dijo sobre esa asignación que se pagó en tres oportunidades y que, tras su salida, “hay una parte importante de la gente que la tendrá más complicada: los jóvenes y los nuevos pobres, los que se quedaron sin trabajo. Por eso generamos el Plan Potenciar Inclusión Joven para jóvenes de 18 a 29 años, becas de 8.500 pesos por 12 meses para proyectos productivos, culturales y educativos y para que terminen la escuela secundaria”.

En esa línea, remarcó que los beneficiarios de planes sociales tendrán que hacer una contraprestación: “Ahora tienen que trabajar. Todo apoyo del Estado tiene que tener una tarea de parte del que lo recibe. Estamos haciendo un cambio profundo en ese sentido”, aseveró.

Para Arroyo, junto a la pérdida del trabajo y la pandemia por coronavirus coronavirus, el endeudamiento y el costo de alimentos son los temas más críticos de la Argentina actual. “La última medición de inflación del INDEC de la canasta de alimentos fue de 4,8 por ciento. En nuestro propio INDEC barrial era más alta. Tiene que ver con la cuestión externa, con el dólar, con que somos un país que produce alimentos y exporta a la vez”, enumeró.

Por eso, propuso, “hay que acercar al productor y al consumidor. Apuntamos a tener 400 mercados centrales y a que los pequeños productores puedan producir. El endeudamiento tiene varios factores, más del 40 por ciento de la gente no accede a créditos bancarios. En los barrios la gente recurre al financista de la esquina al 200 por ciento anual. Tiene que pedir un recrédito para poder pagar. Encaramos un mecanismo de crédito no bancario al tres por ciento. Queremos extenderlo mucho para que puedan comprar máquinas, insumos y apoyar a las 6 millones de personas que trabajan por su propia cuenta”.