El anuncio oficial referido al calendario escolar 2020 en la Provincia, que fijó como día de inicio de las clases el próximo 2 de marzo con final del ciclo el 18 de diciembre, debiera augurar el desarrollo de un ciclo lectivo normal, que contemple a su término la ansiada meta de los 180 días de clase. Sin embargo, la vasta experiencia aquilatada a los largo de las últimas décadas –y, desde luego, la ya anunciada resistencia de algunos sectores docentes, que condicionan la apertura de las aulas a la concreción de sus reivindicaciones sectoriales- mantiene ahora, una vez más, la alternativa de que los conflictos vuelvan a hacerse presentes.

Lo cierto es que faltan aún algunas jornadas y permanecen, entonces, también abiertas las posibilidades de que el gobierno y el frente docente acerquen posiciones. Se descuenta, entonces, que los días que faltan para el inicio del próximo ciclo lectivo autorizan a mantener expectativas optimistas, referidas al curso y a un resultado favorable de las negociaciones que mantendrán ambas partes.

Por otra parte, estos diálogos también podrían ser útiles para repasar los motivos que incidieron para que el dictado de clases realizado muchos de los años anteriores hayan resultado tan insuficiente, en una situación que le vino causando graves perjuicios a los millones de chicos que asisten a las escuelas públicas bonaerenses. Los especialistas vinieron señalando con insistencia en que día de clases que se pierde no se recupera.

Tal como se fue detallando en muchos de los ciclos anteriores -que pueden remontarse a décadas atrás-, se registraron numerosas jornadas de paro docente en las escuelas públicas, y en menor medida en los colegios privados. Veinte, treinta y aún más días de paro por ciclo lectivo fueron concretados con asiduidad y las escuelas permanecieron, en ocasiones, también cerradas por huelgas realizadas por auxiliares enrolados en gremios no docentes.

Se ha dicho en forma insistente que nuestro país y, especialmente, la provincia de Buenos Aires –que es el estado federal con mayor matrícula en América del Sur- atraviesan una verdadera emergencia educativa y que, por consiguiente, más allá de las medidas que finalmente pudieran adoptarse, sería preciso tener en claro que el nivel educativo se encuentra en continuo descenso, desde el nivel primario hasta el universitario, en una tendencia que resulta inexplicable para una sociedad que, como la nuestra, contó con óptimos servicios educativos, extensivos a toda la población.

En este sentido, pareciera que buena parte de nuestra sociedad no advierte los efectos positivos que podría alcanzar nuestro país si volcara una fuerte inversión en el área educativa, tal como en su oportunidad lo hizo –en la que se incluían, claro está, buenos niveles salariales y otros reconocimientos laborales- ya que tanto la Argentina en su momento como muchos otros países en el mundo experimentaron resultados positivos, históricamente inmediatos, en su desarrollo general.

Al margen de confiar en que, a partir de ahora, se superen los conflictos y se garantice la continuidad escolar, corresponde enfatizar en que debe recuperarse la excelencia educativa de nuestro país, fundamentada en la enseñanza pública, caracterizada por su condición de obligatoria y gratuita, pero también por la continuidad con que se impartía.

Es de esperar que, de las reuniones que a partir de ahora concreten los funcionarios provinciales y el sector docente, surjan coincidencias duraderas, que puedan garantizar la integridad del próximo y de los venideros ciclos escolares. La Provincia no puede darse el lujo de demorar, bajo ningún pretexto, la educación y formación de millones de chicos.