La clausura preventiva de más de una docena de geriátricos que funcionan en nuestra ciudad, dispuesta por la Municipalidad en conjunto con organismos provinciales del área de Salud, al constatarse que ninguno de ellos contaba con las habilitaciones correspondientes y, además, haberse comprobado que las condiciones higiénico-sanitarias de esos institutos eran deficientes, vuelve a poner sobre el tapete uno de los problemas más acuciantes y dramáticos relacionados al pésimo servicio que brindan algunos de esos establecimientos.

Desde la Comuna se precisó que las clausuras fueron de manera “preventiva”; en tanto que ahora será el Juzgado de Faltas el que deberá establecer un plazo para que las residencias observadas durante los operativos regularicen su situación; caso contrario, la medida del cierre del establecimiento será definitiva.

Corresponde primeramente consignar que los controles se encuentran previstos en la ley provincial 14.263, que regula el funcionamiento de los establecimientos geriátricos de gestión pública y privada en todo el territorio bonaerense; como así también por la ordenanza municipal 11.025, que regula situaciones relativas al funcionamiento, condiciones de habitabilidad y estadía de los adultos mayores alojados en esa clase de establecimientos.

Cabe también reseñar que hace tres años se realizó un estudio que abarcó a treinta de las entonces sesenta residencias para mayores de La Plata, que apuntaba a conocer las experiencias de los residentes y sus familias con los servicios de cuidado de larga duración. Una de las conclusiones más duras a las que llegó el informe no se refería al funcionamiento de los establecimientos, sino al amplio margen de tolerancia que tenían para actuar

Aunque reconocía que existían excepciones, la investigación señaló que la mayoría de los establecimientos para mayores que funcionan en La Plata eran antiguos y estaban deteriorados, contaban con personal poco capacitado e incurrían de manera habitual en prácticas que iban desde lo cuestionable a lo violatorio, tanto de los derechos de las personas mayores como de lo establecido por la normativa que regulaba su actividad.

Lo cierto es que el sostenido crecimiento de la expectativa de vida, si bien constituye un dato alentador en el sentido que confirma los notables avances de la medicina, plantea sin embargo una serie de desafíos a partir de la falta de previsiones existentes para resolver los problemas propios de la tercera edad. Entre estos, se cuenta el caso de quienes necesitan encontrarse internados en geriátricos.

Bien se conoce que, habitualmente, ninguno de los organismos de control, desde reparticiones municipales y provinciales a las obras sociales que contratan sus servicios, demuestran estar en condiciones de saber lo que está pasando dentro de los geriátricos.

Esas y otras conclusiones igualmente impactantes, como la falta de consentimiento expreso de los pacientes para ser internados, un tratamiento calificado de espantoso, el suministro sin control de pastillas y otras prácticas atentatorias, así como la falta de personal especializado, formaron parte de aquel informe y no resulta temerario concluir que en buena medida persisten hoy.

Está claro que lo que se requiere es que, con criterio realista y también, tutelar, las autoridades sanitarias pongan la lupa sobre esta cuestión tan delicada, que incluye de una manera esencial el derecho a la salud y a la vida digna de muchas personas mayores internadas hoy en los establecimientos geriátricos.