En Los Hornos vuelven a ocupar terrenos: actuará Gendarmería

El desalojo del enorme predio de Los Hornos usurpado por cientos de personas surtió efecto durante apenas 24 horas. Y los vecinos y vecinas del lugar están muy preocupados.

En ese contexto, la mayor novedad que surgió en las últimas horas es que la Agencia de Bienes del Estado, el organismo nacional al cual pertenecen los terrenos, hizo una denuncia judicial, de modo tal que “la causa pasó al fuero federal -concretamente al juzgado platense de Ernesto Kreplak-” y, de ahora en más, “será la Gendarmería la que se ocupe de evitar la consolidación de la toma”, indicaron fuentes oficiales.

Mientras tanto, en torno a las 15,30 de ayer, la hora en que el jueves comenzó el impactante despliegue de fuerzas de seguridad para echar a los ocupantes ilegales, un nutrido grupo de personas aprovechó que los policías se retiraron del lugar para volver a tomarlo.

Ya es un “clásico” de las tomas: cuando los agentes se van, vuelven los usurpadores. Vale como ejemplo el caso de los terrenos de 7 y 90 y adyacencias, el cual fue desalojado cinco veces y fue ocupado seis, según contó a este diario uno de sus propietarios.

“¿Para qué nos sacan si después volvemos?”, le preguntó un ocupante a un funcionario comunal el jueves a la tarde, durante el operativo, mientras se retiraba de los terrenos.

Cabe recordar que se trata de tierras fundamentalmente fiscales y de unos lotes privados que abarcan desde calle 76 hasta 90 y desde 141 hasta 155.

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Fuentes cercanas a la Intendencia municipal confirmaron ayer que “el desalojo (del jueves) se llevó a cabo por decisión del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”. La figura que se habría utilizado, trascendió, sería la de “flagrancia”. Es decir, sorprender al autor de un delito cuando lo está cometiendo: la o las personas son sorprendidas “in flagranti delicto”. De allí deriva la expresión popular “in fraganti”, obviando la ele.

Crónica del día 5

Descontando el impasse que se produjo entre la tarde-noche del jueves, cuando el predio terminó de ser desalojado, y la primera tarde de ayer, cuando decenas de personas volvieron a ocuparlo, en la víspera se cumplieron cinco días de conflicto.

Es preciso hacer una distinción: a simple vista, la re-usurpación de ayer guardó pocos elementos en común con la que se inició el domingo a la noche y fue creciendo a paso acelerado entre el lunes y el mediodía del jueves.

Es que ya no pulularon por el austero barrio hornense las camionetas 4x4, los autos de alta gama y los señores de camisa y pantalón de vestir que a lo largo de esta semana se movían como peces en el agua entre numerosas familias de bajos recursos.

El nutrido grupo que comenzó la jornada con un corte de calle en 149 y 66 y que luego de las 12,30 se dirigió nuevamente al sector del predio parecía pertenecer en su totalidad al segundo tipo de personas.

Minutos después de esa hora, hombres, mujeres y niños, en un número que tampoco superaba el centenar, se agolparon en torno a un supuesto líder, lo escucharon durante unos minutos y después se sentaron en los alrededores de 76 y 143. Siempre fuera de los terrenos, pues hasta ese momento seguían custodiados por policías. En tanto, en la calle había móviles de Gendarmería. Y el clima no era tenso.

Como se dijo, cerca de las tres y media se retiraron los efectivos de las distintas fuerzas de seguridad. Y se retomó la usurpación.

BIENES DEL ESTADO

La Municipalidad radicó una denuncia el mismo domingo a la noche. Un par de días después, ante la gravedad de los acontecimientos, ratificó esa denuncia, la amplió y se erigió ante la Justicia como “particular damnificado”.

En ese escrito, el abogado de la Comuna recogió testimonios de vecinos del barrio que dieron cuenta de “escandalosos episodios de inseguridad en el lugar, horas después de haber ocurrido la usurpación”.

“Han sufrido todo tipo de robos, motivo por el que muchos de ellos han decidido faltar a sus trabajos para no exponerse”, relató el letrado en su presentación ante el Juez de Garantías de La Plata.

En la víspera, se dijo, la Agencia de Bienes del Estado “tomó intervención con una denuncia propia”. En ese marco, la Justicia dispuso que la Gendarmería se encargue de la seguridad.