Si bien el problema es de antigua data, lo cierto es que las usurpaciones de tierras vienen multiplicándose en los últimos años en La Plata y distritos vecinos, en situaciones caracterizadas muchas veces por episodios de violencia –con disparos de armas de fuego y peleas entre los usurpadores por la posición de alguna parcela-, originándose a partir de allí conflictos con los propietarios y los vecinos, que reclaman frente a la presencia de mafias organizadas que, en cuestión de minutos, invaden predios y delimitan el espacio, que luego venderán en fracciones.
Se está frente a muestras de desorganización institucional basadas en el no acatamiento a las normas y leyes que regulan la vida comunitaria, sin que los organismos del Estado –sean del poder Ejecutivo, del Judicial o del Legislativo o pertenezcan a las órbitas nacional, provincial o municipal- hayan sabido reaccionar, salvo en forma esporádica. Por el contrario, muchas veces ha sido el propio Estado el que, de una u otra manera, por acción u omisión, ha respaldado estos despojos de tierra que se concretan en perjuicio de los particulares o del patrimonio fiscal.
Aquí puede mencionarse el caso –reflejado en la edición de ayer de EL DIA- de un predio ubicado en la calle 30 entre 91 y 604, que había sido cedido en comodato por sus dueños a la Municipalidad para destinarlo a actividades deportivas y culturales de los alumnos de escuelas y jardines de infantes. Y así funcionó, hasta que fue usurpado.
La misma Municipalidad y el propietario denunciaron la “ocupación ilegítima de los terrenos” ante la justicia penal platense, en una actuación que concluyó con la decisión de un juez de Garantías platense que ordenó el desalojo de los ocupantes del predio. Estos apelaron la decisión y tanto la Cámara de Apelaciones como el Tribunal de Casación Penal convalidaron la decisión del Juez. Es decir que el desalojo quedó en pie.
Sin embargo, ayer se informó que la Comuna decidió hablar con los ocupantes en busca de alternativas. Se anunció la realización de un encuentro con los actuales ocupantes que, a partir de su irrupción, impidieron que el lugar siguiera destinado a la formación educativa de los alumnos de escuelas municipales y también, que hubiera allí un espacio de índole recreativa, de los que resultan imprescindibles en una periferia carente de paseos, plazas y lugares de esparcimiento.
En ese sentido, fuentes municipales informaron que existe ahora un proyecto de convenio con los ocupantes y que el criterio del Municipio “es que esas familias no sean desalojadas, sino urbanizadas”, a partir de una iniciativa que se enmarcaría, dijeron, en la ley de acceso justo al hábitat y que, en ese convenio, la obligación del Municipio será contribuir en todo lo que tiene que ver con la infraestructura.
En realidad, correspondería advertir que la obligación primaria de esta administración municipal, como de las anteriores y las venideras, es la de cumplir con la legislación de fondo, pero también, con la de procurar para la Ciudad un crecimiento armonioso, debidamente planificado, con redes de servicio eficientes, de modo que el llamado progreso de nuestra zona no quede a cargo de usurpaciones caóticas, en manos de grupos de que especulan con la justa necesidad de vivienda propia de muchas personas y que, en realidad, sólo lucran con estos robos de tierras. No se trata de alentar, sino de impedir, los actos ilegítimos.
Correspondería señalar, además, que el Poder Judicial, el Ejecutivo provincial y los Municipios se encuentran en deuda frente a las víctimas de este delito, convertido en un verdadero flagelo social. Esa omisión, que constituye una injustificable mora para acudir en defensa de la vigencia de la ley y de la Constitución, resulta injustificable por parte de funcionarios y magistrados que tienen la responsabilidad de aplicar los cuadros normativos y no lo hacen.
Lo que debiera quedar en claro es que nada justifica la impunidad con que se manejan los responsables de las usurpaciones, que concretan los despojos de tierras y luego se ocupan de venderlas en forma fraccionada, generando –entre otras consecuencias irregulares- una suerte de urbanismo anárquico que perjudica en forma integral a la sociedad. En materia urbanística no son las excepciones, sino las reglas, las que deben conducir el progreso.
Nada justifica la impunidad con la que se manejan los responsables de las usurpaciones
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