Una lógica preocupación viene causando la suba de precios experimentada sobre muchos productos médicos o de limpieza, a partir de la multiplicada demanda de esos artículos desde que se conoció el avance del coronavirus en nuestro país. Esa situación, como se sabe, se tradujo en recientes resoluciones del Gobierno nacional destinadas a impedir la especulación comercial.
Pero lo cierto es que también se está haciendo muy difícil conseguir alcohol en gel o elementos de limpieza o alimentos, como consecuencia de que parte de la población pretende acaparar cosas que también los demás desean o necesitan y que, según prevén, podrán escasear en las góndolas de los supermercados o en los mostradores minoristas.
Se está, sin dudas, frente a una realidad que requiere la comprensión de todos los sectores sociales. La vida social se encuentra condicionada por el fenómeno de una pandemia que no reconoce causas y que no tiene soluciones rápidas y a la vista. Por consiguiente, el principal desafío consiste en instalar en los modos de vida de la población nuevos criterios de prevención y de convivencia.
Debe suponerse que las medidas arriba señaladas no procuran -sería un error interpretarlas así- postular algún rígido control de precios, sino ajustar controles destinados a impedir desvíos y deformaciones circunstanciales en el mercado, en un período de emergencias y de requerimientos críticos.
Tal como se informó días atrás, el Ejecutivo nacional anunció que castigará los aumentos de precios especulativos de alimentos y productos esenciales en las góndolas de los supermercados o en comercios minoristas, en medio de la crisis por el nuevo coronavirus, en un país en el que la inflación interanual rebasa el 50 por ciento.
“El riesgo de los argentinos no puede ser negocio para nadie”, fue una de las expresiones del presidente de la Nación en una entrevista radial. Allí anunció que lanzará medidas de control de la evolución de los precios, sobre todo de productos alimenticios, de sanidad y limpieza. En el caso del alcohol en gel, que registra faltantes en las tiendas y cuyo precio se había duplicado, el gobierno ya ordenó que el valor se retrotraiga al que tenía semanas atrás.
El Ejecutivo determinó que los precios de venta no podrán ser alterados por un período de 90 días desde la entrada en vigencia de la resolución. Así, también, la secretaría de Comercio intimó a las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización del alcohol en gel y sus insumos a incrementar la producción de tales bienes hasta el máximo de su capacidad instalada durante el período de vigencia de la medida. Durante esos tres meses, las empresas deberán informar semanalmente a la subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores los precios de venta de esos bienes.
Como se ha dicho antes tantas veces , ninguna de estas medidas podría alcanzar vigencia si tanto los productores, como los distribuidores, vendedores y consumidores no cobran conciencia real de los riesgos que nuestra sociedad enfrenta, que podrán agudizarse si persisten las posturas y los intereses particulares. No se trata de caer en ingenuidades o en voluntarismos, pero resulta claro que una actitud madura de todos los sectores no sólo ordenaría con mayor equidad la economía cotidiana, sino que le evitaría al país la eventual aparición del mercado negro y del desabastecimiento, esos dos flagelos que lastiman a muchas naciones.
El Estado existe, entre otros motivos, para evitar eso y para equilibrar las cargas que deben sobrellevar todos los estamentos de la economía. Y sin perjuicio de que los organismos públicos cumplan con su parte, es de esperar que nuestra población, que hasta ahora ha sabido acatar mayoritariamente, en forma rápida, al reclamo sanitario de la cuarentena domiciliaria, extienda esa actitud responsable a toda su vida social.
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