Cuando decidí dedicarme al periodismo vitivinícola, hace varios años, para abandonar el deportivo y luego el político, pensé que el vino era uno solo.
Con el transcurso del tiempo, la industria fue sufriendo los vaivenes económicos, característicos a lo largo de nuestra historia, que favorecieron a algunos y perjudicaron a muchos.
El broche de oro, lo coronó el COVID-19, que profundizando aún más la coyuntura económica de la industria, terminó siendo la excusa perfecta para ahondar con mayor amplitud, la grieta que atraviesa el sector. Para ser generoso, el “fraccionamiento vitivinícola” proviene al menos, desde el año pasado.
El abandono de Bodegas de Argentina, cámara que nuclea a 250 bodegas, el Centro de Viñateros del Este, Productores de Neuquén y algunas entidades sanjuaninas, a la Coviar, retumbó muy fuerte dentro de la industria. Las duras declaraciones y acusaciones de ambos lados, pusieron de manifiesto las graves diferencias que sufre el sector. En definitiva, el perjudicado.
La entidad presidida por Patricia Ortiz, tiene una posición exportadora y experimenta el 75% de las ventas en el mercado interno. Esta cámara, comenzó a moverse de manera independiente solicitando al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, una serie de medidas a las que la corporación liderada por José Zuccardi salió a retrucar y redoblar la apuesta. Por ejemplo, con el aumento del 30% al bono contribución donde todos los establecimientos inscriptos en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) están obligados a pagarle a la Coviar para financiar el Plan Estratégico Argentino Vitivinícola (PEVI) 2020. Las bodegas abonan por cada litro de vino, mosto u otro producto vitícola elaborado.
Está claro, que la política se impone en todo ámbito empresarial y es indispensable para la evolución de cualquier industria. Pero, cuando consulté a fuentes vinculadas al sector, mostraron su pensamiento de tal manera, que parece lejana la sensación de unificar criterios.
Las distintas visiones impiden llevar a cabo una línea política vitivinícola, donde las diferencias están a la orden del día, y no hacen más que entorpecer la posibilidad de tener un objetivo común, el avance de la industria. La que dejó de ser una economía regional, para convertirse en nacional.
¿Es posible sentarse a la mesa, hablar, consensuar, avanzar y transitar por un mismo camino cuyo final, sea la “salud del vino”?. Una pregunta que en la actualidad, parece no tener respuesta. O mejor dicho, por cómo están dadas las cosas, tiene una inclinación hacia el NO.
Por eso, los intereses de algunos son los problemas de otros. En concreto, el vino es único y como bebida nacional, está en medio de una crisis institucional, a la que no debe ser sometido. Sería saludable, un fin del conflicto.
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