En medio de la controversia por la liberación de presos comunes y las revueltas y motines en los penales bonaerenses, la oposición reclama que el ministro de Justicia de la Provincia Julio Alak vaya a la Cámara de Diputados a dar informes "en forma urgente".
El planteo fue presentado anoche por el bloque de diputados de Juntos por el Cambio al presidente de la Cámara baja de la Provincia, Federico Otermín, y pìde la convocatoria de Alak a una reunión con los jefes de todos los bloques políticos.
"La situación de las cárceles bonaerenses en relación a la pandemia Covid-19 y algunas resoluciones que está adoptando el Tribunal de Casación de esta Provincia vinculadas a otorgar arrestos domiciliarios a quienes se encuentran detenidos por decisiones judiciales, nos colocan en un estado de suma preocupación", dice la nota firmada por el radical Maxi Abad.
En la nota, los legisladores opositores expresaron "preocupación ante la situación que se ha generado en las cárceles de nuestra Provincia" y pidieron "una gestión del tema que evite sesgos ideológicos y acciones que envíen mensajes ambiguos a la sociedad en relación con la delicada cuestión del cumplimiento de las penas de quienes cometieron delitos".
"La situación de las cárceles en la Provincia requiere de la atención de todos, pero la solución no puede ser abrir las puertas de los penales sin buscar otras alternativas. En ese contexto, Juntos por el Cambio llama la atención sobre que la pandemia del Covid-19 no puede convertirse en una excusa para excarcelar a presos con causas por delitos contra la vida, la integridad sexual, de género, con uso de armas, o de corrupción, entre otros, y sin un mínimo de control ni atención a la delicada situación de las víctimas", dice el planteo de la oposición.
La polémica en la Provincia se agudizó a partir del fallo del Tribunal de Casación bonaerense que habilitó un hábeas corpus colectivo impulsado por los defensores oficiales para que la población carcelaria de riesgo sea beneficiada con medidas alternativas, como el arresto domiciliario. La resolución derivó en revueltas y motines en penales de la Provincia, donde los presos exigen a los jueces que resuelvan otorgando excarcelaciones.
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