El uso de celulares intramuros fue denunciado por la asociación “Usina de Justicia”, junto con “Fortalecidos por el Dolor”, una entidad vecinal de San Martín. Tras la resolución adoptada en la Provincia, la denuncia señala que “se pasó por alto que las unidades penitenciarias deben controlar las comunicaciones, tal como lo prevé la ley 12.256 de penal de la provincia de Buenos Aires”. La presentación argumenta que “estas recomendaciones ya se encuentran previstas en las directivas del Manual de Seguridad Dinámica e Inteligencia Penitenciaria de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), donde se estipula que la administración de la comunicación se debe efectuar con el objetivo de prevenir el delito, inhibir el tráfico de artículos prohibidos, asegurar la protección de la población para que no reciba comunicaciones no deseadas y asimismo evitar fugas”, se expresa.
“El uso indiscriminado de telefonía celular puede ser el medio para amedrentar o amenazar a los testigos y las víctimas de delitos, y hasta para organizar secuestros virtuales”, se añade en la denuncia.
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