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Ricardo Rosales
Ricardo Rosales
De manera desordenada y quizás a destiempo, la administración del presidente Alberto Fernández comenzó a dar algunos pasos hacia la definición de algún plan económico para la emergencia. El primero de ellos sería la flexibilización de la cuarentena y la ampliación de las actividades que quedarán excluidas; otra sería la emisión monetaria, “única fuente de financiamiento en el contexto actual”, según explicó el titular del Banco Central, Miguel Pesce, y el consecuente mayor déficit fiscal, como reconoció luego el propio mandatario.
Más allá de las explicaciones oficiales, la emisión de moneda ya había tenido un salto exponencial desde mediados de marzo a inicios de abril. La base monetaria tuvo en este período un crecimiento interanual del 85 por ciento, y seguramente continuará una fuerte alza en valores absolutos.
Las decisiones oficiales tienen una explicación. La cuarentena provocó una caída vertical de la actividad económica que se tradujo en un estrangulamiento casi inmediato en los recursos recaudados por la Nación, las provincias y los municipios. Y esto ocurrió en simultáneo con una demanda creciente de los gastos estatales, ya sea para enfrentar la crisis sanitaria, pagar los sueldos estatales o los refuerzos a los jubilados y las AUH. Adicional a la ayuda especial de 10.000 pesos en donde se anotaron más de 11 millones de personas, que podría significar 0,4 por ciento del PIB en el primer mes de aplicación. En cuanto a la recaudación, en marzo la AFIP ingresó fondos 12 puntos por debajo de la inflación, pero algunos impuestos como el IVA, cayeron más: respecto un año atrás, creció apenas 25 por ciento.
Las pérdidas de ingreso en las provincias y municipios serían mayores. Aunque el panorama no es similar en todos los casos, las bajas oscilarían en valores cercanos al 40,50 por ciento. Cualquiera sea el porcentaje concreto, en abril la mayoría de los gobernadores e intendentes estarían en dificultades, o directamente no podrían afrontar los pagos de sus empleados estatales. Las provincias y municipios dependen de la coparticipación y la recaudación de Ingresos Brutos y tasas municipales, pero sin actividad no hay ingresos. El reclamo de equilibrar la emergencia sanitaria con la economía, precisamente para evitar un colapso de las cuentas públicas, estaría corriendo al Gobierno a flexibilizar la cuarentena.
En cuanto a la emisión monetaria, aparece como la opción menos mala a la situación de emergencia y ante la creciente demanda del regreso a las cuasimonedas. Entre los que piden esta salida se encuentran varios gobernadores de distinto color político (de Mendoza y Santa Fe por ejemplo) e intendentes del Conurbano. Los patacones, lecop y otros bonos provinciales remiten a la crisis del 2001, un fantasma que la Casa de Gobierno quiere eludir. Aunque al margen de este mal recuerdo, las cuasimonedas tienen un pésimo efecto económico, contribuyendo a un mayor desorden y a dificultar una salida posterior de la crisis. La emisión de moneda, por otra parte, que en los primeros meses de gestión de Alberto F. se habría tratado de controlar, ahora parece haber ingresado en una fase totalmente opuesta. Según Pesce, la emisión sería convalidada con un sostenimiento de la producción y el mayor crédito que luego podría ser digerida por el mercado de capitales con mayor inversión y desarrollo.
Por cierto que esta es una versión heterodoxa y optimista del emitir moneda sin respaldo y en un país que lleva años de estancamiento y caída de su economía. El Gobierno descarta un “fogonazo” inflacionario, aunque la mayor emisión se reflejará en un aumento de la inflación. La decisión presidencial de enviar a los intendentes a controlar los precios puede parecer popular, aunque seguramente con escasa efectividad. Los controles de precios, de la más variada en la historia del país, nunca frenaron las alzas. Resultaría más ordenado que el propio Ejecutivo estableciera un sendero de inflación probable, y que a eso se ajustara el resto de la economía. En el actual contexto de total incertidumbre, una de las responsabilidades del Estado es dar certidumbre.
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Otro aspecto aún desconocido, es que hará el Gobierno con los vencimientos impositivos y previsionales que, inexorablemente no podrán ser afrontados por el sistema productivo que funciona en blanco. Existen propuestas de que la Nación ordene estos vencimientos, en los tres niveles del Estado (país, provincias y municipios) a fin de dar transparencia y evitar que la crisis aumente el desorden económico y la discrecionalidad, postergando los pagos de abril y anunciando, de manera simultánea, como se recuperaran. Esto a su vez, debiera actuar como moderador de un salto inflacionario. Respecto a la posibilidad de que haya mayor crédito en medio de la actual crisis, igualmente surge como poco viable en un país que se ha acostumbrado a funcionar en efectivo y casi sin crédito.
Para que aparezca un programa económico “integral” como habló en su momento el ministro Martín Guzmán, aún restan una gran cantidad de aspectos, y bastantes cosas por conocer: en primer lugar si funcionará el programa de flexibilización de la cuarentena que alumbraría en Olivos y que ocurrirá con la emisión en los precios en abril y mayo. Otro aspecto, no económico, es que ocurrirá con el pico de la epidemia que el Gobierno espera para dentro de algunas pocas semanas.
“La emisión monetaria aparece como la opción menos mala frente a la situación de emergencia”
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