El ataque de vecinos a una ambulancia que trasladaba a una mujer con testeo positivo de COVID-19, registrado en las últimas horas en la localidad salteña de Rosario de Lerma y protagonizado por un grupo de vecinos que apedreó el vehículo y que se encontraban manifestando frente al domicilio de la mujer enferma, constituyó otra muestra de violencia e irracionalidad que, lamentablemente, se suma a otras similares ocurridas en distintas ciudades del país.

Según explicaron funcionarios de esa provincia, que repudiaron el episodio, éste se produjo anteanoche al confirmarse el quinto caso de coronavirus en Salta, en una joven que llegó a la provincia el 28 de abril y que, cuando estaba por terminar la cuarentena obligatoria, el último control le dio positivo para COVID-19.

Por ello, se activó un protocolo sanitario que motivó el traslado de la mujer, de 29 años y asintomática, al hospital Papa Francisco, de la zona sudeste de la capital salteña. Al llegar la ambulancia para el traslado correspondiente, un grupo de vecinos manifestó frente al domicilio de la paciente, y apedreó la casa y el móvil sanitario, que registró la rotura de vidrios, aunque afortunadamente ninguno de sus ocupantes sufrió daños físicos.

Cabe consignar que la paciente cursó la cuarentena obligatoria en su domicilio. El intendente de la localidad repudió la actitud de los vecinos, que atacaron la casa de la mujer que contrajo la enfermedad, y negó que se hubiera registrado alguna denuncia por la violación de la cuarentena.

Desde que llegó el coronavirus a nuestro país se elogió en muchas oportunidades el comportamiento de la inmensa mayoría de la gente, ya sea por la madurez con que encaró los distintos desafíos que planteó esa temible pandemia como por los innumerables gestos de solidaridad que se conocieron y que siguen vigentes en la actualidad.

Sin embargo, lo ocurrido en Salta en las últimas horas se vio también precedido por algunas actitudes impropias, como las amenazas anónimas registradas contra médicos que luchas diariamente contra el coronavirus: “Buscate otro lugar para vivir. Ponés en riesgo la vida de todos acá. Decidí vos o decido yo”, decía un cartel que le dejaron por debajo de la puerta de su casa a un médico del porteño Hospital Durand.

Días antes una médica había sido discriminada en un edificio del barrio de Belgrano donde vivía, así como una enfermera de la localidad santafesina de Santo Tomé. Pese a ser escasos, esos episodios tuvieron algunas réplicas. Así, una médica de La Rioja, jefa de terapia intensiva del Hospital Vera Barros, recibió un brutal ataque luego de que ella diera positivo en el test de coronavirus.

Merece ponderarse que, pese a todo, el problema en nuestro país no alcanzó los niveles de intolerancia que se registraron en otros. Así, en México, se sucede este tipo de ataques, al punto de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) llamó a “evitar actos discriminatorios contra personal médico y de enfermería que atiende casos de COVID-19”.

Las autoridades de nuestro país deben permanecer atentas frente a un fenómeno de semejantes características. Si nunca es admisible apelar a las vías violentas, que van en desmedro de los derechos de los demás y afectan muchas categorías constitucionales, estas formas de discriminación constituyen actos intolerables, que deben ser rechazados de plano y sancionados con el mayor rigor legal posible.