La Ciudad viene siendo desafiada por la presencia de bandas mafiosas dedicadas a usurpar tierras y que, luego, se ocupan de “parcelar” y rematar a bajos precios en verdaderos operativos relámpago, en la mayoría de los casos ante la completa inacción de autoridades de la órbita nacional, provincial y municipal que debieran impedir esta ilegalidad convertida en un verdadero flagelo.

Tanto el derecho de propiedad de los particulares o, en ocasiones, el del propio Fisco, como la posibilidad de ver un crecimiento urbanístico racional se ven conculcados por estos grupos, comandados por personas que cuentan con frondosos antecedentes delictivos y judiciales.

La situación últimamente se encuentra planteada en toda su crudeza en un enorme predio de Los Hornos, que lleva más de tres meses usurpado, a pesar de los reclamos vecinales y de la acción presentada ante un juzgado federal de La Plata.

Limitado por las calles 76 a la 91, desde la 141 a la 153, ese espacio es blanco de la toma ilegal de tierras más grande de la provincia de Buenos Aires, con una superficie que alcanza a 164 hectáreas que estarían ya casi todas tomadas, según dicen los lugareños. Tal como ha ocurrido en casos anteriores, mientras diversos organismos del Estado con incumbencia en el tema disponen algunas acciones inocuas o analizan las medidas a tomar, las usurpaciones avanzan y ahora, inclusive, con “amenazas” a los vecinos históricos y con presentaciones de los intrusos ante la Justicia, a raíz de presuntos abusos de la Gendarmería.

También en el predio proyectado para construir la bajada de la AU Buenos Aires-La Plata, a la altura de City Bell, un grupo de usurpadores se vino instalando hace poco tiempo. Una y otra vez fueron “corridos” del lugar por fuerzas de seguridad, pero siempre han vuelto. Bien se conoce que quienes infringen las normas –y aquí se habla de organizadores de estas ocupaciones- suelen ser más tenaces que la ley.

Faltaría, desde luego, espacio para siquiera enumerar la cantidad de intrusiones registradas en La Plata. Entre ellas, la que corresponde a gran parte del tramo de vías del antiguo ramal ferroviario que conectaba con Brandsen. El Estado, como se ha dicho, permanece inactivo e indiferente, dándole así luz verde a los oportunistas, falsos influyentes y mafiosos para lucrar con propiedades ajenas y aprovecharse de las necesidades de la gente.

Tal como se ha dicho en forma reiterada en esta columna, hay varios puntos que debieran ponerse en claro. En primer lugar que la muy sensible y grave crisis de la vivienda no debe ni puede resolverse de esta manera, sino a través de planes accesibles y programas previamente regulados por las administraciones. No dejándolo al arbitrio de bandas delictivas.

Convendría también insistir en que nada justifica la impunidad con que se mantiene protegidos a estos grupos mafiosos responsables de las usurpaciones, que concretan los despojos de tierras y luego se ocupan de venderlas en forma fraccionada, en medidas ínfimas y a precios muy bajos. Por cierto que a esas personas y organizaciones lo que menos le importa es el problema habitacional de la gente. Van, se apoderan y después lucran en beneficio propio.

En tercer término ninguna ciudad, y en especial La Plata, puede permitirse que se irradie un urbanismo caótico, que perjudica en forma integral a la sociedad. Bien se conoce que, tanto los intrusos como los vecinos históricos terminan por sufrir, a partir de una toma ilegal, toda clase de problemas y privaciones por la inexistencia o las falencias –a veces absolutas- de los servicios de infraestructura.

El Poder Judicial, el Ejecutivo provincial y los Municipios se encuentran en mora frente a las víctimas de este delito, Esa omisión, que también constituye un inexcusable agravio a principios básicos de la Constitución, resulta injustificable por parte de funcionarios y magistrados que tienen la responsabilidad de aplicar los cuadros normativos y no lo hacen en tiempo y forma.