Un espacio de diálogo en el Consejo Económico y Social

Senador provincial, Mar del Plata

La Provincia arrastra desde hace años una sensación de inviabilidad que agobia los mejores intentos por levantar al principal estado de la Argentina. Sede de los principales establecimientos productivos del país, con inmensas riquezas que en sus tierras y salida al mar inmediata, aquí también conviven inmensos bolsones de pobreza junto a un Estado desfinanciado. En ese marco irrumpe el COVID-19 que agrava los profundos problemas socioeconómicos que atraviesa la Provincia.

La crisis inexorable que sobrevendrá en materia económica, laboral y social requiere preparar las herramientas que pueden ayudar en los difíciles momentos que se avecinan y que golpearán de manera particular a los sectores más vulnerables. Esta situación incrementa los requerimientos en los auxilios sociales y también las posibilidades de conflictividad. Se hace imperiosa la necesidad de ámbitos que colaboren en la escucha de las distintas realidades, que ayuden en la articulación de las necesidades sociales, que intercambien visiones y proyectos de reactivación económica y laboral, que lleguen a consensos y acuerdos entre los distintos protagonistas de la vida comunitaria.

La magnitud de los desafíos impide que sean asumidos sólo desde una posición política o social y deberá proceder de acuerdos que sostengan el rumbo ante las tormentas que siempre aparecen.

Con estas consideraciones elevamos a la legislatura bonaerense el proyecto para la creación del Consejo Económico y Social de la Provincia. Esta institución, como espacio de diálogo y concertación, se centrará en las cuestiones socioeconómicas porque allí estará el eje de las próximas discusiones y dificultades, y su desatención conlleva el peligro de estallidos sociales además de la disminución de recursos para atender otras prioridades.

Esta iniciativa no suplanta la representatividad política legislativa, así como tampoco la acción del Ejecutivo, pero brinda un indispensable ámbito de intercambio de pareceres sociales que pueden favorecer acuerdos suficientes para darle fuerza a las políticas públicas que se requieran en cada área.

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El Consejo propuesto está integrado por 26 miembros que representan diferentes realidades y entidades, intentando visibilizar las fuerzas dinámicas de la sociedad civil. La conformación es amplia y hemos intentamos incluir a los protagonistas de la vida económica y social de la Provincia. Está presente la política a través de dos representantes, uno por el oficialismo y otro por la oposición: ambos encabezan el Consejo. La presidencia del Consejo para el oficialismo -en la figura del vicegobernador y la vicepresidencia para quien sea designado por parte del partido o frente opositor con mayor representación en la legislatura de la provincia. El sector trabajador tiene seis representantes, tres por el sector público y tres del privado. Los sectores empresariales, de producción rural y comerciales también son seis, con representantes de pequeños y medianos establecimientos en al menos la mitad de los integrantes de este espacio. Tres integrantes de organizaciones sociales, tres de credos profesados en la Provincia, de los que uno será de la Iglesia Católica. Seis integrantes por universidades, colegios profesionales, organizaciones de defensa del consumidor y usuario, y organizaciones no gubernamentales ambientalistas.

Proponemos que los cargos de los miembros sean ad honorem, previendo que el Consejo pueda tener un financiamiento mínimo para su mejor desenvolvimiento. El proyecto promueve la coordinación con otros consejos económico-sociales que se establezcan a nivel nacional. La promoción de articulaciones de participación y diálogo entre las distintas instancias pueden convertirse en un mecanismo de interacción comunitaria que ilumine las políticas públicas de acuerdo al sentir, la voluntad y las prioridades que surgen de las diversas realidades, acercando visiones y propuestas que vayan de abajo hacia arriba.

La creación del Consejo expresa la valoración y el cuidado que merece la inmensa pero a la vez frágil riqueza que tiene la ‘biodiversidad’ social y económica presente en el amplio y profundo territorio provincial, y formula una manera de concebir la política y la vida social sustentada en la valoración de todos los que integran la comunidad, fomentando el encuentro y el diálogo que nos permita caminar juntos el largo proceso de reconstrucción que deberemos transitar. Necesitamos instituciones que no fomenten grietas ni odios, que trabajen en superar la lógica de la confrontación permanente y la dialéctica amigo-enemigo. Debemos generar confianza suficiente en un sistema que apunte a la ganancia de todos, aunque implique alguna resignación para los actores individuales u sectoriales en pos de objetivos comunes que respondan a la justicia, la equidad y la igualdad de oportunidades, permitiendo así un mejor despliegue y desarrollo conjunto de las potencialidades y vocaciones de sus integrantes junto a sus legítimas aspiraciones.

Ojalá el tratamiento del Consejo Económico y Social despierte nuestra conciencia colectiva y aporte espacio para estos nobles objetivos.