Ya ingresó a la Corte bonaerense el pedido de queja contra el hábeas corpus que habilitó las excarcelaciones

Tal como se esperaba, el fiscal Carlos Altuve interpuso hoy ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense un recurso de queja por el hábeas corpus colectivo resuelto por el Tribunal de Casación Penal, que habilitó la excarcelación de detenidos que integran el grupo de riesgo de contraer coronavirus en los penales de la Provincia.

El recurso ingresó pasadas las 10:40hs., según confiaron fuentes judiciales, y el fiscal consideró de “extrema gravedad institucional” el fallo, “con una ostensible falta de fundamentación” y que genera “incertidumbre”.

En paralelo al recurso, hoy entró en vigencia una resolución de la Corte que obliga a que los hábeas corpus colectivos sean rubricados, al menos, por dos magistrado de Casación, lo que le pondría freno a situaciones como las planteadas en el caso de Víctor Violini, donde con su sola firma habilitó la salida casi indiscriminada de presos argumentando los riesgos por la pandemia de COVID-19.

La Corte debe difinir si el recurso es admisible o no, todo indica que declarará la admisibilidad y se abocará a su tratamiento. Más allá de que la Corte no tiene plazos para pronunciarse, se anticipó que habría celeridad para alcanzar una resolución. En ese sentido, la Corte incorporó el sistema de “Acuerdo Continuo” y la firma digital con lo cual puede actuar en cualquier día y horario de la semana y suscribir sus decisiones con firma electrónica.

A partir de declarar la admisibilidad del recurso, debe requerir el expediente que se encuentra en Casación.

Esta situación, que generó un amplio rechazo social, se da después que el juez Violini de la Sala I del Tribunal de Casación, hiciera lugar a un hábeas corpus masivo presentado por los 19 defensores oficiales bonaerenses que invocaron la situación de hacinamiento y de inhabitabilidad de comisarías y penales para los detenidos de más de 65 años o con patologías que los incluyen en grupo de riesgo.

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Gracias a esta resolución en la Provincia fueron beneficiados con prisión domiciliaria unos 350 reclusos, mientras que otros 1560 internos que no están en el grupo de riesgo lograron el mismo beneficio.

La Corte deberá decidir si avala el hábeas corpus o lo deja sin efecto a partir de la presentación del fiscal de Casación Altuve.