El oficialismo archiva la tregua y retoma la ofensiva para quedarse con la Procuración

La ofensiva oficial había encontrado una tregua. Precaria, a juzgar por el resquebrajamiento que sufrió con el creciente devenir de la polémica por las excarcelaciones. Ayer, Axel Kicillof dio vía libre para que aquella embestida vuelva a la escena de la política bonaerense.

Al cargar prácticamente todas las responsabilidades por las liberaciones de presos, algunos de ellos imputados por delitos graves como violaciones, narcotráfico y asesinatos, sobre Julio Conte Grand, el Gobernador brindó un mensaje hacia la política en general. Pero no menos importante, hacia el interior de su propio equipo de gobierno donde existen halcones y palomas en relación a la figura del alto funcionario judicial designado durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Como si fuera un calco de lo que ocurriera cuando Vidal desembarcó en la Provincia, la Procuración fue puesta bajo la lupa del poder político de turno.

En aquél entonces, María del Carmen Falbo resistió un largo asedio del macrismo hasta que ensayó una discreta negociación para salir sin ruido del preciado sillón del Poder Judicial.

La historia parece repetirse con Conte Grand. Pero anota algunas particularidades. Es un secreto a voces que Kicillof y el kirchnerismo pretenden el cargo. De hecho, la propia Cristina Kirchner se encargó ayer a través de sus redes sociales de compartir el video con las críticas de Kicillof. Pero esas intenciones chocan con un impedimento legal. Cualquier intento de destitución debe contar, además de con una causa fundada, con la aprobación de los dos tercios del Senado. La Cámara alta es, justamente, uno de los dolores de cabeza recurrentes del Gobernador. Allí Juntos por el Cambio cuenta con una mayoría holgada que logró conservar aún en medio de movimientos sigilosos y amenazas de ruptura. Y a menos que exista un viraje dramático de esa conformación, el oficialismo no podrá conseguir esa mayoría agravada para forzar la salida de Conte Grand.

¿Cuál es el argumento oficial para dirigir su artillería sobre la humanidad del Procurador? Que con una resolución que dictó en marzo instruyó a los defensores a pedir libertad de detenidos en medio de la pandemia, sin distinguir entre categorías de delitos.

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Tras el amanecer del gobierno de Kicillof, el Procurador se encontró con un aliado interno en el gobierno bonaerense: Julio Alak. El ministro de Justicia se transformó en su sostén. Más de un actor judicial le ha escuchado al ex intendente de La Plata hablar de su comodidad con el trabajo que desarrolla junto a Conte Grand.

Acaso ese cerco contribuyó a minimizar fricciones. Pero el malhumor social que generaron las salidas de presos sin controles mínimos, pegó duro en el gobierno provincial. Tanto, que creen ver la mano del Procurador en el inicio del desaguisado judicial que ahora la Suprema Corte, con su resolución de ayer, busca poner en caja.

Acaso esa lectura soslaye una arista del problema. Si el juez de Casación Víctor Violini hizo lugar en solitario al hábeas corpus que presentó un grupo de defensores oficiales para que numerosos detenidos fueran liberados, fue porque antes el ex presidente de la Corte, Eduardo De Lázzari, resolvió que en el marco de la emergencia por la pandemia los tribunales, aún con conformación colegiada, podían adoptar decisiones a través de la voluntad de uno solo de sus miembros. Ambos funcionarios judiciales, por lo demás, se han mostrado cerca de las expresiones kirchneristas.

A ese germen se abraza la oposición para hablar de un supuesto “mecanismo” oficial para facilitar las excarcelaciones “sin control”.

Cuando Kicillof utilizó ayer la tribuna oficial de la Gobernación para cargar sobre Conte Grand, puede haber firmado el acta de defunción de aquella tregua endeble que Alak había logrado anudar. Y alentar, además, la embestida sobre el Procurador cuya principal abanderada era la ministra de Gobierno, Teresa García, una histórica dirigente del PJ que mantiene, además, un muy buen diálogo con Violini.