Investigan al ex jefe de Asuntos Internos por espiar a civiles, jueces y funcionarios

La justicia platense citó a declarar como imputado por los presuntos delitos de "espiar" a civiles , funcionarios judiciales, municipales y de otros ámbitos así como de peculado  a quien fuera titular de Asuntos Internos de la Policía bonaerense durante la gestión de Maria Eugenia Vidal, Guillermo Berra, y a su mujer, María Rosario Sardiña. Su abogado defensor, Marcelo Peña, dijo a EL DIA.COM que "todo es falso, no hay un sólo testigo ni prueba y quieren hacer de esto algo que no es".

Ambos fueron requeridos por la fiscal de la UFI N° 15 de La Plata, Cecilia Corfield, en el marco de una investigación en la que se considera que Berra se habría excedido, sin que esté claro con qué fines, en el ejercicio de sus funciones al frente de la AGA.

Las escuchas e invetigaciones que obran en la causa se habrían realizado "sin autorización de funcionario alguno del Poder Judicial, es decir que ningún juez avaló las labores que Berra encabezaba al frente de Asuntos Internos".

Como se recordará, a partir de la denuncia de un ex comisario la fiscal allanó la sede de Asuntos Internos en octubre de 2019 y secuestró  discos duros de varias computadoras con escuchas telefónicas y documentos relacionada con las investigaciones ilegales que se le imputan al ex funcionario.

Entre esas pruebas habría comunicaciones entre el ministerio de Interior y la auditoría general de Asuntos Internos de la provincia de Buenos Aires, informando sobre los movimientos migratorios de la fiscal y al menos diez personas más. 

Entre los escuchados y seguidos se menciona a la fiscal de La Plata Silvina Langone, su hijo y su esposo, Tulio Marcheto. Se habla de espionaje a policías y funcionarios oficialistas y opositores emparentando los hechos al escándalo ocurrido a nivel nacional. El ahora encarcelado ex juez César Melazo figura entre los espiados.

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Según obra en la causa, Berra y Sardiña  entre los años 2016 y 2019 obtuvieron información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tenían que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial enmarcada en la ley 13.982 ni en el decreto 1050/09.

En su requerimiento fiscal al que este diario tuvo acceso la fiscal da a modo de ejemplos que entre las personas jurídicas investigadas se encuentran el Poder Judicial, Administración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Matanza, Municipalidad de José C. Paz, Municipalidad de Berazategui, Municipalidad de Lincoln, Municipalidad de Tres Arroyos, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Avances Médicos, Curavis S.R.L., Haras Dilu S.A., Hipódromo Argentino de Palermo S.A., Fundación Compañía Social Equidad, Banco Santander Río S.A., entre otros.-

Y señala que "en relación a las personas físicas antes referidas, y a modo de ejemplo, habré de precisar: Marcelo Hugo Rocchetti, Sergio Ricardo Maldonado, María Daniela Pezzutti, Daniel Jorge Pezzutti, María Cristina Sosa, Ana Claudia Amorosi, Máximo Zitti, Gonzalo Martín Pepe Fernández Bird, César Ricardo Melazo, Gastón Andrés Rueda, Mario Alejandro Mac Dougall, María Florencia Musich, Juan Pablo Mussi, Franco Daniel Schillaci, Tomás Fernando Espinoza, Juan Domingo Tomás Espinoza, Mario Alberto Ishi, María Florencia Alconada, Tomás José Gigli, María Alejandra Bellini, Diego Ariel Otero, Néstor Emilio Otero, Elías Mahli, Juan José Tocci, Daniel Alejandro Salcedo, Ricardo Oscar Bogoliuk, Norberto Anibal Degastaldi, entre otros".