MADRID

El gobierno de coalición de España aprobó ayer pedir al Parlamento una última prórroga del estado de alarma hasta el 21 de junio, con la garantía de que la medida de excepción que rige por la crisis del coronavirus saldrá adelante hoy con una mayoría que lo refuerza.

Tras sortear con lo justo las últimas dos extensiones y quedar debilitado, el gobierno progresista consiguió dar vuelta la situación llegando de forma simultánea a pactos con los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los liberales de Ciudadanos y los nacionalistas vascos del PNV, algo que parecía improbable.

Estos acuerdos hacia la izquierda y derecha le dan al líder socialista Pedro Sánchez el margen de maniobra necesario para encarar la recta final del proceso de desconfinamiento en el que se encuentra inmerso todo el país y que busca alcanzar una “nueva normalidad” al final de junio, tras lo cual España pretende recibir a los primeros turistas procedentes de la Unión Europea (UE).

“La epidemia está en una fase de control en nuestro país”, aseguró el ministro de Sanidad español, Salvador Illa, al presentar la sexta prórroga y antes de remarcar que “no hay dudas de que el estado de alarma ha funcionado”.

48 HORAS SIN VÍCTIMAS FATALES

En este marco, el Ministerio de Sanidad español no registró fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas por segundo día consecutivo, con lo que la cifra total de muertos se mantiene en 27.127. En cambio, se produjo un leve aumento de los contagios, con 137 en el último día -frente a los 71 de la jornada previa-, que deja el global de afectados por el brote local de coronarias en casi 240.000.

El ministro explicó que la última prórroga del estado de alarma tiene como novedad que a partir de la fase 3, a la que pasarán varios territorios de España la próxima semana, serán los presidentes de las comunidades autónomas quienes “gobernarán” la situación de forma plena.

Esa era la condición de ERC para su abstención, después de haber votado en contra en la última prórroga, algo que sirvió para escenificar el descontento de los independentistas con el gobierno de Sánchez, cuya reelección ellos facilitaron.

Asimismo, los independentistas catalanes acordaron con el gobierno central que impulsaría un mecanismo para que la norteña región, que concentra la mitad de los desocupados que dejó la crisis del coronavirus, reciba parte de los fondos de reactivación económica que liberará la UE.

También el Partido Nacionalista Vasco (PNV) había exigido y llegado a un acuerdo con el gobierno para que sean los gobiernos regionales los que gestionen la última fase del proceso de desescalada, a cambio de votar a favor del estado de alarma.

Y aunque el Ejecutivo no necesitaba a Ciudadanos, el partido que lidera Inés Arrimadas llegó ayer a un acuerdo para sumar sus votos, a cambio de que las medidas del último decreto de alarma garanticen “igualdad” para todos los españoles en la recta final del confinamiento.

El PNV expresó su malestar por entender que esto podía suponer una contradicción con su acuerdo y el de ERC, pero el Ejecutivo aseguró que “todos los acuerdos son compatibles” y que sus socios prioritarios son los que hicieron posible la reelección de Sánchez, según su vocera, María Jesús Montero.

Ciudadanos, que ya se había acercado al gobierno al salvar la quinta prórroga del estado de alarma, pactó además que en 15 de junio el gobierno debe presentar una estructura jurídica alternativa al estado de alarma y un plan de ayudas específico para el sector turístico de 2.600 millones de euros.

El respaldo parlamentario al gobierno en minoría llega en un momento clave en el que el derechista Partido Popular (PP) y los ultraderechistas de Vox intentan forzar la renuncia del Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, inmerso en una polémica por haber destituido a un alto mando de la Guardia Civil por un informe plagado de errores que apuntaba a la responsabilidad del gobierno por haber permitido la manifestación del 8M por el Día de la Mujer, tras la cual se dispararon los casos de coronavirus.

Marlaska alegó que destituía al jefe policial por “falta de confianza” y negó que estuviese relacionado con el informe, algo que puso en entredicho un documento interno publicado ayer por el diario El Confidencial. (TÉLAM Y AFP)