En medio de las protestas y los reclamos por el asesinato de George Floyd, crece en Estados Unidos un pedido de reformas penales y policiales por parte de la sociedad afroamericana, que entiende que las consecuencias de sus actos suelen ser mucho peores e injustas que para los blancos.
Modificar las actitudes racistas de la sociedad, en este caso de los policías, es un cambio cultural que requerirá años. En lo inmediato, organizaciones afroestadounidenses y de derechos civiles piden que el Estado elimine o reforme las leyes y los procedimientos que facilitan las disparidades raciales o protegen a los que agreden y discriminan a las minorías.
Pretenden que se le impida a la policía utilizar la táctica de ahorcamiento para detener a personas; que los efectivos que actúan como en el caso Floyd sean imputados por homicidio (esto ocurrió en contadas ocasiones en casos anteriores); cambiar la ley 50 A, que protege a los policías para que sus archivos disciplinarios no puedan ser compartidos con el público; reducir los presupuestos de las policías y redirigir esos fondos a educación, vivienda y desarrollo económico en las comunidades más pobres, entre otros.
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