Madrid

Las continuas divulgaciones de las últimas semanas sobre presuntas irregularidades en las finanzas personales del rey emérito Juan Carlos I agitaron aún más el debate sobre la monarquía en España, un asunto de alto voltaje.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que es líder de la formación izquierdista Unidad Podemos y abiertamente republicano, afirmó que “hay un debate en nuestro país sobre la utilidad de la monarquía y el Gobierno español no lo puede ignorar”.

Iglesias también elogió la reacción del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien calificó de “inquietantes y perturbadoras” las noticias sobre los presuntos negocios ocultos del rey emérito, y planteó la posibilidad de limitar la inviolabilidad jurídica del jefe del Estado al ejercicio del cargo.

El presidente del Partido Popular (PP, conservador), Pablo Casado, respondió rápidamente y con dureza al calificar de “intolerables” los ataques de Iglesias a la monarquía y al actual rey. “Exijo a Sánchez que salga a decir que no pide ni la abdicación ni un referéndum sobre la monarquía”, demandó Casado, para quien “lo inquietante y perturbador en España no es la monarquía, sino este Gobierno radical”.

Otros responsables políticos se pronunciaron sobre la cuestión de la monarquía, con una clara división derecha/izquierda, mientras que el Partido Socialista (PSOE) mantiene una delicada postura crítica hacia Juan Carlos I y de apoyo al actual monarca.

La Fiscalía General del Estado reforzó el equipo que se encarga de la investigación sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del ferrocarril de alta velocidad (AVE) Medina-La Meca (Arabia Saudí), en las que podría estar involucrado el rey emérito.

La Fiscalía recibió parte de los datos que reclamó a Suiza sobre la investigación que ha desvelado que el padre del rey Felipe VI presuntamente recibió, a través de una fundación panameña, una supuesta donación de cien millones de dólares del rey Abdalá de Arabia Saud. El rey emérito transfirió posteriormente ese dinero a su amiga alemana Corinna Larsen, sin dar cuenta de las operaciones realizadas con esos fondos al fisco español

Lo que trata de averiguar la justicia de España es si el rey emérito habría incurrido en fraude fiscal -al no declarar el ingreso de la donación en España-, ya que por su condición de anterior jefe del Estado solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo por delitos cometidos tras el 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación.