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En un contexto signado por el largo período de cuarentena dispuesto por la aparición del COVID-19, con las múltiples zozobras que ello implica y con el temor de la población frente a los riesgos de contagio, las autoridades del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) decidieron esta semana cortar el convenio vigente con la Agremiación Médica Platense y, como consecuencia inmediata de esa medida, quedaron sin cobertura 300 mil afiliados platenses. Se confirmó que, desde anteayer, quienes fueron a atenderse con médicos o a las clínicas privadas debieron pagar en forma particular las consultas y prácticas.
Así se lo considere un sistema solidario, lo cierto es que la esencia de la vida institucional del IOMA se basa en la obligatoriedad de la afiliación. Todo agente público aporta casi el 5 por ciento de su salario para el sostenimiento del ente asistencial y en ese sentido es que puede hablarse de una clientela cautiva.
Sea como sea, esta relación se encuentra interrumpida en la práctica. Y además de los afiliados, que no ocultaron su preocupación y sus protestas, son las clínicas de La Plata las que, como se dijo ayer en este diario, reclaman una pronta solución del conflicto. Esos centros de salud dijeron estar atravesando un muy difícil momento económico, con una baja sustantiva de las prestaciones ambulatorias, quirúrgicas y de internación. Esas mismas fuentes sostuvieron que “no estamos en condiciones de solventar una baja por falta de prestación del sector médico, ya que la obra social “implica el 60 por ciento del total de nuestras prestaciones”, en una postura que reflejaría el pensamiento de la mayoría de las entidades médicas platenses.
La situación ha derivado en que no se encuentra ahora garantizada la atención médica con cobertura, pese a las afirmaciones oficiales que, en contrario, se formularon. Sin entrar a analizar los motivos que IOMA esgrime para denunciar el convenio con la Agremiación y tampoco las fundamentaciones del sector médico la realidad está a la vista, sea ella una derivación deseada o no deseada por ambas partes. De poco o nada sirve ahora que desde el área de Salud provincial se haya dicho que se seguirá pagando a los médicos, pero “sin intermediarios”, esto último en alusión a la entidad gremial que nuclea a 5.000 médicos. Lo concreto es que no hay cobertura.
Se sabe que las autoridades sostienen que el corte del convenio se produjo a raíz de haberse detectado supuestas sobrefacturaciones por parte de doce profesionales, en una situación que se encuentra sometida a investigación en la justicia penal. Sobre este punto, el titular de la Agremiación aseguró que, en seis de esos casos de denuncias realizadas por IOMA contra los médicos, hay sospechas sobre un monto global de 4.500 pesos, una suma que está “lejos de los 8 millones que plantea la obra social”. Los médicos no aceptan que se propicien nuevos métodos de facturación y demandan que se continúe trabajando con la intervención de su gremio, que se encarga no sólo de defender el nivel de sus salarios sino de asegurarles otras prestaciones y condiciones de índole laboral, según afirman. Desde el área de Salud se argumenta que no se ha tomado la decisión de cortar las prestaciones, sino la de desvincularse de la Agremiación que no ha tenido voluntad de diálogo. Los médicos, en lugar de facturar a la AMP lo harían directamente al IOMA, dicen.
Otro dato a considerar pasa por la reacción del universo de instituciones médicas, que ha salido a apoyar la postura de la Agremiación y de sus afiliados, tal como lo hicieron conocer en las últimas horas diversas entidades, preocupadas, según afirman, por lo que podría llevar hacia un colapso y al descenso de la calidad médica.
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Ambas partes deben seguir dialogando, en busca de fórmulas conciliatorias. No hay a la vista otro camino más razonable que el de arreglar este problema. Mientras tanto, para los afiliados deberían volverse las cosas al estado anterior. Sin ninguna pérdida de tiempo, porque la salud de miles de platenses está en juego y, además, en el momento más inoportuno.
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