Un país atravesado por la desconfianza política

“Estás a nada de terminar como (Guillermo) Moreno”. Esa fue la advertencia que recibió Sergio Berni desde lo más alto de su jefatura política, donde no se ubican el gobernador Axel Kicillof ni tampoco el presidente Alberto Fernández. El mensaje le llegó clarito al ministro de Seguridad bonaerense desde el Congreso de la Nación, donde tienen despacho Cristina y Máximo Kirchner. Todos recuerdan que Moreno fue eyectado sin miramientos del último gobierno de Cristina.

Berni había quedado en medio de una controversia con la línea de comando del Ministerio de Seguridad nacional y lejos de apaciguarla, siguió alimentándola en un raid televisivo. Los que conocen las viejas rencillas del kirchnerismo sostienen que en la mira de Berni no está Sabina Fréderic, la actual ministra, sino Cecilia Rodríguez, quien fuera su superior también durante el segundo mandato de Cristina. Son relaciones rotas que vuelven ahora al centro de la escena.

Las heridas de palacio dentro del kirchnerismo no fueron suturadas en el llano, mientras gobernó Mauricio Macri. El caso de Berni y Cecilia Rodríguez –ahora jefa de Gabinete de Fréderic- es un ejemplo concreto. Más turbias aún quedaron las relaciones con dirigentes y ex funcionarios que se vieron involucrados en investigaciones judiciales. El derrotero de Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Cristina que se declaró “arrepentido” en la causa de los cuadernos, así lo evidencia.

Asesinado en El Calafate en circunstancias que están en plena investigación, Gutiérrez fue un hombre de confianza de Néstor Kirchner y estuvo en el equipo de secretarios de Cristina, pero lo apartaron tras una denuncia por enriquecimiento ilícito. La lista de sus propiedades era extensa. Tras el hallazgo del cadáver, el Gobierno aclaró que no era un “testigo protegido” por el Ministerio de Justicia y la coalición opositora JxC pidió que el crimen sea investigado por la Justicia federal.

El hecho de que la fiscal de la causa sea Natalia Mercado, sobrina de Cristina e hija de Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, no genera certidumbre jurídica. Aunque el comunicado con el que Juntos por el Cambio calificó la muerte de Gutiérrez como “un crimen de extrema gravedad institucional” pareció escrito con la lógica de un “Caso Nisman 2”, algo que estaría lejos de verificarse en esta oportunidad. A su vez, el Gobierno piensa que se trata de un “caso policial”.

La Argentina afronta la pandemia con suerte dispar en el AMBA y en el resto del país

LE PUEDE INTERESAR

La cuarentena y la política vuelven a instalar una atmósfera de tensión

LE PUEDE INTERESAR

Cuello de botella en los diagnósticos de COVID-19 en la Región

Pero las desconfianzas políticas están a la orden del día. Santiago Nieto, el secretario privado de Macri hasta el último día de su mandato, fue allanado en su domicilio por orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, ahora apartado de la investigación del presunto espionaje ilegal por la Cámara Federal platense. En el procedimiento le secuestraron el teléfono celular. “Macri piensa que la ligazón con nosotros está totalmente armada”, dijo el propio Nieto.

La investigación continúa ahora en manos del juez federal Juan Pablo Auge y de la fiscal que venía instruyendo la causa, Cecilia Incardona. El apartamiento de Villena fue justificado en que, de mínima, se dejó usar por espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para darle cobertura legal a escuchas y seguimientos a políticos, empresarios, sindicalistas y periodistas. Al final, llegó a desempolvar la “doctrina Irurzun” para ordenar detenciones al estilo del fallecido juez Bonadio.

En medio de las filtraciones de la causa se afirmó que los espías investigados suministraron información a periodistas y se meneó su posible detención, lo que sería manifiestamente inconstitucional, al igual que los seguimientos a los que sometieron a colegas que informaron sobre los nexos del ex jefe de la AFI Gustavo Arribas con la corrupta multinacional brasileña Odebrecht. Las facturas del pasado se pagan una y otra vez en un país con rumbo circular.

A pocos días de que se cumpla otro año del atentado terrorista contra la AMIA, impune desde el 18 de julio de 1994, la Cámara Federal porteña le ordenó al juez Canicoba Corral que se concentre en perseguir a los iraníes sobre quienes están vigentes las alertas rojas de captura internacional emitidas por la Interpol. Mientras que Fernando Esteche, que estuvo preso en la causa por el Memorándum con ese régimen, le pide al Gobierno un cargo para manejar planes sociales.

EL IMPACTO ECONÓMICO

En forma paralela, la Argentina afronta la pandemia con dispar suerte entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país. Más allá de la cuestión sanitaria, que es preocupante en el Conurbano bonaerense –donde vienen subiendo los casos día tras día-, se encienden las alarmas por el impacto económico del coronavirus y la cuarentena, que ya ocupan el primer lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos, antes que el temor al contagio y la inseguridad.

De acuerdo a un sondeo sobre el “humor político y social”, de Dalessio IROL y Berensztein, por primera vez desde el inicio del confinamiento la gestión del Gobierno nacional pierde 11 puntos porcentuales de aprobación y llega a los niveles previos a la pandemia (ver Página 11). La imagen del presidente Alberto Fernández también está en baja y por eso en la quinta de Olivos y la Casa Rosada empezaron a percibir la necesidad de que vuelva a escena “un Alberto más político”.

Esto es, un Presidente que define –con criterio propio- darle una hora y media de reunión a Eduardo Duhalde, en la que habría manifestado su “hartazgo” con los desplantes de Berni y en la que, también, escuchó un consejo del ex presidente para quitarle centralidad a Cristina en la toma de decisiones. Además, Alberto F. se hizo tiempo para recibir a intendentes del PJ bonaerense que habían empezado a trabajar en el armado del “albertismo”, entre ellos “Juanchi” Zabaleta.

El Gabinete económico tuvo que esperar un rato al Presidente en Olivos, mientras estaba ocupado en estos menesteres de la política. Con el ministro Martín Guzmán y Santiago Cafiero, entre otros, Alberto F. analizó los números de la recaudación, que se desbarrancaron al punto de que el IVA de mayo estuvo 30 puntos debajo de la inflación. Por eso, la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont prepara junto a varios diputados una nueva moratoria que se tratará en la Cámara baja.

El Gobierno también enviará al Congreso un proyecto de ampliación presupuestaria para sostener el financiamiento de programas como el IFE y el ATP, que alumbraron en medio de la cuarentena para ayudar a vastos sectores de la población y del debilitado entramado productivo. La Cámara de Diputados tendrá este mes al menos dos sesiones mixtas –entre virtuales y presenciales- y también recibirá la visita del jefe de Gabinete Cafiero, pese al contagio de cinco legisladores.

El Senado, en tanto, no tendrá sesiones hasta después del 17 de julio, cuando concluirá la cuarentena endurecida establecida para el AMBA. La Cámara alta envió a Diputados la media sanción que dio a la creación de una comisión investigadora de la relación crediticia entre Vicentin y el Banco Nación, pero difícilmente se trate en las próximas semanas. En cambio, Sergio Massa presentó un proyecto para aumentar las penas de prisión contra quienes destruyan silobolsas.