Se deben prevenir los robos y usurpaciones en la costa atlántica

Los casos de usurpaciones y la verdadera ola de robos que afligen a localidades de la costa atlántica preocupan hondamente a los propietarios de casas y departamentos de veraneo, en una situación que se ve agudizada por las dificultades –cuando no la imposibilidad total de los dueños de esas propiedades- de verificar los daños sufridos y poder realizar las reparaciones del caso. La grave situación que se ha presentado en las últimas semanas exige a las autoridades de aquellos distritos la toma de conciencia y la adopción inmediata de medidas destinadas a enfrentar esos delitos.

En este diario se reflejó el problema que se planteó en Pinamar, Ostende y Valeria del Mar, en las que se registró una verdadera ola de intentos de usurpaciones –aún cuando se sabe de algunas ya concretadas, por denuncias hechas públicas por sus propietarios- en tanto que en la Municipalidad pinamarense se informó que se ha tomado la decisión de “pasar la topadora” sobre las construcciones precarias que se venían realizando sobre tierras usurpadas en las últimas semanas.

“Es una herramienta que nos da la Ley Orgánica de las Municipalidades para tirar abajo construcciones que no cumplen las ordenanzas. No hacemos desalojos, no actuamos por sobre la Justicia. Lo que hacemos es liberar el terreno y protegerlo antes de que se metan a vivir”, explicó a este diario el titular del área de Hábitat y Vivienda del municipio de Pinamar.

Por su parte, en denuncias formuladas a medios metropolitanos, propietarios que se autoconvocaron en las redes sociales por esa ola de delitos que afecta a propiedades de la costa atlántica describieron que “no dejan ni las lámparas de luz de las casas. Hacemos lo que podemos, pero no alcanza. Las autoridades no nos dan respuesta. Nada. También hay usurpaciones. Es una situación desesperante”, según definió el testimonio de una abogada, dueña de una vivienda en la localidad de Mar de Ajó.

Se sabe que en la gran mayoría de los balnearios las restricciones para ingresar a ellos y los controles previos exhaustivos, propios de la cuarentena, no sólo impiden la llegada de los damnificados, sino que para ellos rigen también la medidas de prevención sanitaria que les prohíbe instalarse unos días para reparar los daños o colocar sistemas de seguridad. En el caso del Partido de la Costa se aseguró, sin embargo, que se revisa primero sus denuncias y una vez constatada la situación, se les autoriza el ingreso con los protocolos sanitarios del caso.

Es bien sabido que los turistas con residencia turística superan en número a quienes integran la población estable en la mayoría de las localidades atlánticas, convirtiéndose por ello en la masa de contribuyentes más gravitantes a la hora de medir los ingresos anuales de los municipios.

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Se ha dicho en esta columna que el COVID-19 plantea todo el tiempo desafíos diversos, que corresponde ir enfrentando a medida que se presentan. No se trata aquí de promover medidas que pudieran derivar en problemas sanitarios mayores. De todos modos, la situación que se presenta en numerosos balnearios –y aquí es donde debiera ponerse el acento- deja en evidencia la desconfianza de la población en la capacidad operativa de las fuerzas policiales.

Esto significa que la Policía que desempeña funciones en las ciudades de la costa atlántica –con la colaboración de las autoridades municipales- debiera desplegar una intensa tarea de prevención para evitar la comisión de robos y usurpaciones, en una época como la actual en que la población ve restringida su posibilidad de circular y, mucho más, en viajes de larga distancia.