Fijan una licencia para el fiscal que está bajo la lupa por una asociación ilícita

La Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió otorgarle una licencia por 90 días y sin goce de sueldo al fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, imputado y con un pedido de desafuero para ser detenido como supuesto jefe de una asociación ilícita junto a policías de la Provincia por el presunto armado de causas vinculadas al narcotráfico, informaron fuentes judiciales.

Así lo resolvieron los jueces Daniel Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo De Lazzari, Sergio Torres y Eduardo Petiggiani, quienes tomaron en cuenta la presentación efectuada por el procurador general Julio Conte Grand en la que solicitó el inicio del proceso de enjuiciamiento del funcionario investigado.

En su presentación a la Suprema Corte, el procurador también manifestó que ante la incertidumbre de no saber cuándo se va a poder reunir el Jurado de Enjuiciamiento a raíz de la pandemia por coronavirus correspondía el licenciamiento de Scapolán.

Conte Grand consideró que el fiscal “habría incurrido en conductas de extrema gravedad” tornando “inadmisible su permanencia en sus funciones”.

La Corte señaló que “(…) conforme a lo manifestado por el procurador general, surge la imperiosa necesidad de adoptar (…) medidas de carácter urgente que permitan garantizar la efectividad de las investigaciones (…) como así también evitar la repetición de eventuales irregularidades”, señaló en su fallo.

Para los jueces, “considerando la naturaleza y la gravedad de los hechos que prima facie se aprecian”, anudada a “la tramitación de la causa penal por delitos de suma gravedad, trasuntan la posibilidad de una importante afectación de la recta administración de justicia”.

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A su vez, la Corte también valoró el pedido de licencia efectuado por el propio Scapolán el 28 de julio último.

Por su parte, el fiscal debía presentarse el jueves pasado a las 10 ante la jueza federal 1 de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien pretendían indagarlo como jefe de una asociación ilícita, por la cual ya se encuentran detenidos sus dos secretarios y nueve policías bonaerenses.

Sin embargo, Scapolán, quien se encuentra desde el lunes último de licencia en su función como fiscal en la Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, presentó un escrito solicitando copias de la causa, por lo que se pospuso su indagatoria.

Los hechos que le imputan a Scapolán están vinculados al presunto armado de causas entre 2013 y 2015 cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta en 2016.

La imputación de la justicia federal es que Scapolán y un grupo de policías que trabajaba en la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráfico de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense, armaban causas, pedían coimas a narcos y hasta se quedaban con droga de algunos operativos.

Al menos dos son las causas por narcotráfico iniciadas por Scapolán en las que se detectaron las irregularidades y quedaron nulas y motivaron la investigación federal sobre el funcionamiento de su fiscalía.

Una de ellas, según las fuentes, es una causa de 2014 en la que un detenido denunció que el propio fiscal Scapolán y los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro le “plantaron” tizas de cocaína en su auto, le exigieron 20.000 dólares de coima a su mujer y le “armaron” una causa.

En ese expediente, el denunciante presentó un video de una cámara de seguridad de un estacionamiento de San Martín que presuntamente compromete al fiscal Scapolán y a los policías.

Otro de las supuestas causas irregulares de la fiscalía es la que se conoció el 29 de diciembre de 2013 como la operación “Leones Blancos”, en la que se secuestraron casi 500 kilos de cocaína en una camioneta interceptada en Boulogne y tras un allanamiento en una quinta del partido de Moreno.

La investigación se centra en hechos ocurridos entre los años 2013 y 2015