Ampliación del cepo trae más problemas que soluciones

La crisis económica de la Argentina ingresó en un estamento más alto de deterioro luego de los anuncios oficiales de ampliar el cepo cambiario. La presión oficial a las empresas con deudas en dólares a refinanciar, o caer en un default privado y la virtual devaluación con la aplicación del 35 por ciento de Ganancias al dólar solidario, desataron más desconfianza y la certeza en los negocios de que la administración de Alberto Fernández ha tomado un rumbo “antiempresa”. La presentación del Presupuesto 2021 no cambió en nada esa percepción. El caso Falabella y de otras inversiones extranjeras, expuso una realidad disimulada por la pandemia mundial: la brutal pérdida del stock de capital o inversión productiva y capital humano que está sufriendo el país. La fuga de firmas internacionales o de argentinos que buscan otro horizonte y el desinterés de inversores locales no aparecen como un dato trivial, sino como una tendencia que estaría descapitalizando el país y limitando una posible recuperación económica sostenida.

La oportunidad de superar estas dificultades desde alguna propuesta económica se hace cada vez más compleja por la visión que ha desarrollado el oficialismo y que repiten desde el Presidente a funcionarios de menor rango, que insisten con el relato de “fuerzas ocultas” que impulsan a una devaluación y la pérdidas de reservas del Banco Central, de un “golpe de mercado” que terminaría con los esfuerzos gubernamentales de encauzar la economía. La búsqueda de conspiraciones detrás de cada evento que incomoda al Gobierno, haciendo responsable al mercado, grupos empresarios concentrados, el capital financiero, los bancos o directamente a la oposición, resulta un buen relato para la política, de comité o de barricada, pero inútil para resolver los problemas reales. Los delitos económicos, de cualquier clase u origen, deben ser investigados y sancionados, aunque difícilmente expliquen o justifiquen el estancamiento de décadas de un país; tampoco si se replican decisiones que fracasaron bajo distintas gestiones, como el cepo, la emisión monetaria, controles de precios, aumento del gasto o suba de impuesto.

El cepo recargado, además descubrió las intrigas de palacio en el Gabinete y desdibujó al ministro “estrella”, Martín Guzmán. El titular de Economía había afirmado el domingo anterior que no habría modificaciones con los dólares ahorro y su confianza en que el proyecto de Presupuesto 2021 y el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, cambiaría la percepción de los mercados, redujera la brecha cambiaria y la pérdida de reservas del Banco Central. Algunas horas más tarde, fue informado del giro en los planes sin mayores precisiones. Alberto F. dio rienda a Miguel Pesce, el jefe del Banco Central, para ajustar el cepo y restringir más el mercado de cambios. La autora intelectual del supercepo sería la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y extitular del Banco Central con Cristina Kirchner, mentora de Cecilia Todesca, Matías Kulfas y otro grupo de economistas del oficialismo.

Más allá del análisis técnico de los anuncios oficiales, hubo declaraciones, quizás anecdóticas, poco consistentes y fuera de lugar que igual se afirman como verdades inobjetables. Pesce calificó al dólar blue como “un mercado de narcotraficantes y traficantes de armas”. ¿Acaso la mayoría de los ciudadanos argentinos califican para esta definición? ¿Y que ocurre con los cientos de “arbolitos” que operan en las calles adyacentes al Banco Central y las “cuevas” que funcionan en cientos de barrios con locales a la calle? Otro ministro, Daniel Arroyo, de Desarrollo Social, anticipó que la economía está en recuperación debido a que ahora hay más “changas” para la gente. ¿Elaboró algún índice de changa? ¿Cómo mide la actividad informal, en negro, el Gobierno que, por otro lado dice combatir?

Precisamente, la actividad informal de la economía es estimada en el 40 por ciento o algo más, según las fuentes. Es decir que casi la mitad de la producción argentina se realiza fuera del circuito legal, eludiendo el pago de impuestos, contribuciones sociales y otro tipo de tasas, autorizaciones sanitarias, controles laborales y todo tipo de legislación local o nacional. De acuerdo a distinto trabajos el negro y el registrado es un mix al que echan mano casi todas las empresas o muchas de ellas, además del trabajo cuentapropista por excelencia en el sector informal. El mercado “blue” del dólar aplica a esta informalidad de la actividad económica argentina.

La presión tributaria es la mayor razón a la informalidad; muchas actividades solo subsisten si se realizan en negro o parcialmente en ese mercado; es igual respecto a la contratación de personal con costos de ingreso y egreso insostenible para la actividad de pequeños emprendimientos e incluso de firmas medianas o grandes emprendimientos; estos últimos no se realizan o logran regímenes especiales y exenciones para radicarse. El último presupuesto que ingresó al Congreso mantiene el concepto de subir la presión impositiva para mantener el gasto estatal y la idea que con mayor gasto en obras públicas, rutas o hidrovías, la economía saldrá de la recesión. ¿Y la actividad privada? La próxima ley que sería sancionada sería la del impuesto a los ricos por única vez que, según dicen, alcanza a solo 12.000 individuos. Quizás las mismas personas con que se reunió el Presidente para pedirles confianza y que inviertan en el país. ¿Y quién asegura que en el futuro no se replique y alcance a cada vez más personas? ¿No ocurrió ya algo similar con Bienes Personales que fue sancionado en 1991 por la crisis y solo por 9 años para quedarse para siempre y alcanzar a cualquiera que haya acumulado un pequeño capital?

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